San José. Al menos 229 personas fueron víctimas de torturas tras ser detenidas en Nicaragua desde las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018, informó este martes la ONG defensora de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura”, indica el informe de la ONG, que opera desde el exilio en Costa Rica.
El documento detalla más de 40 formas de tortura practicadas en Nicaragua, entre ellas golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecuciones y desprendimiento de uñas o piezas dentales. Las víctimas son 46 mujeres y 183 hombres.
El informe señala que las detenciones arbitrarias comenzaron con las protestas de 2018 como parte de una estrategia para infundir terror y control social.
El gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, intensificaron la represión desde las manifestaciones opositoras de 2018. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tres meses murieron más de 300 personas, cifra que Managua atribuye a un intento de golpe de Estado promovido por Washington.
El Colectivo destacó la sistematicidad en los ataques contra disidentes y opositores. Estos actos incluyen crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, torturas, violaciones y violencia sexual.
Desde 2023, 450 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad bajo una reforma constitucional de Rosario Murillo y Daniel Ortega. (JAIRO CAJINA/AFP)
La ONG reportó más de 2.000 detenciones arbitrarias desde 2018. Cerca del 40% de estas incluyeron la participación de agentes paraestatales que actuaron como una fuerza armada complementaria.
Desde febrero de 2023, el gobierno despojó de la nacionalidad nicaragüense a unas 450 personas, entre políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos exiliados o expulsados del país.
“El destierro y la apatridia han intensificado la muerte civil”, denunció la ONG.
En noviembre, una reforma constitucional estableció que quienes sean considerados “traidores a la patria” pierden la nacionalidad nicaragüense, cargo que se aplicó a la mayoría de los expulsados.
