San José. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este martes una reforma a la ley de migración que incluye el retiro de la nacionalidad, incrementa los controles de ingreso y salida del país e impone penas de cárcel para quienes crucen las fronteras ilegalmente con el fin de desestabilizar el país.
La iniciativa, que se prevé será aprobada rápidamente por el Parlamento controlado por el oficialismo, establece que la nacionalidad podrá retirarse por causales definidas en la Constitución. Una reforma constitucional, aprobada el viernes, especifica que “los traidores a la patria” perderán su nacionalidad nicaragüense.
Aunque la ley no incluía esta disposición previamente, desde febrero de 2023 el gobierno ya despojó de su nacionalidad a más de 450 personas. Entre ellas se encuentran políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos, quienes también fueron expulsados del país.
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La reforma propone penas de dos a seis años de prisión para quienes ingresen o salgan del país de forma ilegal con intenciones de “menoscabar” la soberanía, “alterar el orden constitucional” o “conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social”.
Muchos opositores nicaragüenses, incluidos periodistas y activistas sociales acusados por el gobierno de “golpistas” o de colaborar con países enemigos, huyeron hacia Costa Rica utilizando puntos no autorizados en la frontera. La reforma también contempla la expulsión de personas que, tras cruzar por áreas no oficiales, intenten reingresar al país.
El gobierno impulsa además reformas legales complementarias que acompañan la reforma constitucional. Esta última, que será ratificada en enero, otorga a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, un control absoluto del Estado.
Estados Unidos condena detenciones
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, calificó las acciones de Ortega como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Denunció la reciente “oleada de detenciones injustas”, que incluye el arresto de un periodista y otras personas durante redadas en León y Masaya.
Nichols, en un mensaje publicado en la red social X, criticó la consolidación del poder absoluto de Ortega y Murillo tras la reforma constitucional. El viernes el presidente demócrata Joe Biden ordenó prolongar por un año la declaración de emergencia nacional por la “amenaza” que representa la situación en Nicaragua para “la seguridad nacional y la política exterior” del país.
En un comunicado Biden, que será sustituido en el cargo el 20 de enero por el republicano Donald Trump, cita “la respuesta violenta” a las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril de 2018.
Hace hincapié asimismo en “el continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho”, el “uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles”, así como la corrupción “que conduce a la desestabilización de la economía”.
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Por este motivo decidió que la emergencia nacional declarada en 2018 siga en vigor una vez que expire este miércoles.
Las protestas antigubernamentales de 2018, que se prolongaron al menos tres meses con bloqueos de carreteras y enfrentamientos, se saldaron con más de 300 muertos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno de Ortega las vinculó con un supuesto golpe de Estado fallido promovido por Washington.
La relación entre Estados Unidos y Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron al gobierno de Nicaragua por sus medidas contra los opositores, muchos de los cuales fueron detenidos, se vieron obligados a exiliarse o despojados de su nacionalidad. Además Managua prohibió más de 5.300 organizaciones.