La iniciativa fue entregada al Congreso, dominado por el oficialismo, como parte de una serie de leyes que acompañan una reforma constitucional, aprobada el pasado viernes, que da a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, un poder absoluto del Estado nicaragüense.
La cooperación internacional “deberá contar con la anuencia y autorización del gobierno, tanto inicialmente como en su implementación”, indica la propuesta de ley.
También determina que el trabajo de estos organismos “se realizará sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales”, respetando “la soberanía nacional, independencia y autodeterminación”.
La normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de “injerencia en los asuntos internos” de Nicaragua.
La cooperación internacional “deberá estar conforme a las prioridades nacionales y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el gobierno“, destaca el documento.
Con esta reforma, Ortega afianza aún más su control sobre entidades internacionales tras reformar las leyes de “Agentes Extranjeros” y de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” en los que establece que las ONG deben trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Más de 5.300 organizaciones han sido clausuradas por el gobierno desde las protestas en su contra del 2018, que, según Ortega y Murillo, fueron apoyadas por las ONG y la Iglesia católica. Por ello, decenas de sus clérigos estuvieron presos y fueron expulsados al Vaticano, a Estados Unidos y a otros países.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde el 2007, sostiene que las protestas, que, según la ONU dejaron más de 300 muertos, fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Miles de nicaragüenses partieron al exilio y unos 450 políticos, empresarios, intelectuales y artistas fueron despojados de su nacionalidad en los últimos años, acusados de “traición a la patria”.
