EscucharPara el adecuado desempeño del comercio exterior de cualquier país, la seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre juegan un papel importante. El saber a qué atenerse permite que la inversión local y extranjera fluya, que exportadores e importadores planifiquen con antelación sus operaciones, y que los consumidores tengan a su disposición bienes y servicios en cantidades y precios estables. Pero cuando se trata de un país pequeño y altamente dependiente del comercio internacional, como es el caso del nuestro, esa seguridad, previsibilidad y certidumbre se tornan en un elemento crucial de su política comercial.
Por ello, Costa Rica ha priorizado –muy acertadamente– garantizar dichas seguridades a través de la negociación de múltiples acuerdos de libre comercio y el fortalecimiento del sistema multilateral de la Organización Mundial de Comercio. Dichos acuerdos establecen las reglas y principios con base en los cuales deben regirse las relaciones comerciales entre los países, de manera que las partes se comprometen a respetarlas y, de existir alguna violación, a acudir a los mecanismos de solución de diferencias para restaurar el equilibro negociado.
Dentro de esa red de acuerdos comerciales, sobresale el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., por ser este país el origen principal de la inversión extranjera directa y nuestro más importante mercado de exportación. El tener reglas claras, estables y duraderas con dicho mercado fue uno de los objetivos más importantes de la negociación del TLC, con el cual se sustituyó el esquema unilateral que hasta entonces teníamos a través de la Iniciativa de la Cuenta del Caribe. Por esa razón, el caos que la administración del presidente Donald Trump está ocasionando a nivel mundial con el uso y abuso irresponsable de los aranceles podría ocasionar daños irreparables al país.
Recientemente, luego de retomar con nuevos ímpetus la arbitraria e injustificada imposición de aranceles contra las importaciones de sus socios más cercanos –Canadá y México– y de China, EE. UU. anunció que también estaría cargando con aranceles todas las importaciones de productos agrícolas provenientes de todos los países, incluyendo los productos exportados desde Costa Rica. No hay argumentos técnicos, legales ni económicos que fundamenten la violación flagrante de los acuerdos internacionales con dicho disparate. Todavía no sabemos con exactitud cómo funcionarían en la práctica, pero si dichos aranceles agrícolas se aplicaran de manera generalizada, la competitividad de nuestras exportaciones no se vería tan afectada, aunque sí podrían erosionar la ventaja que teníamos frente a los exportadores de países que no contaban con el trato de libre comercio que nosotros sí teníamos.
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Pero más allá de los efectos prácticos que dichos aranceles ocasionarían en algunos productos específicos, lo que sí es cierto es que el mensaje y las acciones de la administración Trump han dado al traste con la confianza que se requiere en una relación comercial armoniosa entre los países. Si EE. UU. ha estado dispuesto a violentar sin empacho el USMCA (antes NAFTA), a incumplir sus obligaciones en el campo agrícola o a socavar los acuerdos multilaterales, nada nos podrá garantizar que no hará lo mismo –cuándo quiera y cómo quiera– con cualquiera de nuestros otros productos, con lo que debilitaría nuestra estrategia de atracción de inversión extranjera y promoción exportadora, independientemente de la complacencia que el gobierno llegue a tener con las demandas estadounidenses en otros campos.
Además de los aranceles, otra fuente de desconcierto surge con la petición que el presidente Trump hizo al Congreso el martes de esta semana, cuando demandó que se derogara la “Ley Chips y Ciencia”, promulgada apenas en 2022 con el propósito de incentivar la industria de semiconductores en EE. UU. en alianza con otros países como el nuestro, que se vería beneficiado con el acceso a un fondo de $500 millones, creado para capacitación y desarrollo de un centro tecnológico local. No cuestionamos que se revise la inteligencia o no de dicha legislación o su implementación, ni el derecho que tiene ese país de modificarla o derogarla cuando lo estime conveniente; tampoco sabemos si finalmente la ley será derogada. Pero, sin duda, el anuncio alimenta la incertidumbre que se ha venido gestando.
Debemos estar preparados para enfrentar tiempos difíciles y aprender a convivir con un socio comercial impredecible, en donde prevalece la ley de la fuerza y no necesariamente la fuerza del derecho y la razón. Junto con el delicado manejo de esa imprescindible relación, es imperativo fortalecer alianzas adicionales con socios confiables, explorar nuevos mercados y buscar otras fuentes de inversión.
