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La educación nacional está sumergida en una profunda crisis. Razón principal: múltiples rezagos acentuados por coyunturas extremas (huelgas y pandemia) que, lejos de empezar a resolverse una vez que pasaron, se han agravado debido a “una seguidilla de malas decisiones de política pública” impulsadas por el actual gobierno.
El listado de sus yerros y omisiones es de pasmosa amplitud y devastadoras consecuencias. Padecemos el mayor deterioro en la inversión educativa desde hace 40 años. Durante los tres primeros de esta administración el sistema careció de un plan de gestión estratégico. Se eliminaron, sin respaldo técnico alguno, iniciativas necesarias y exitosas, como el Programa Nacional de Informática Educativa, con 30 años de aportes; la Educación para la Afectividad y la Sexualidad, vigente desde 2012, y el Plan Integral de Nivelación de los Aprendizajes.
No se han aplicado los instrumentos de selección y evaluación de la Ley de Idoneidad Docente, emitida hace cinco años. No se ha diseñado y aplicado un sistema integral de evaluación de aprendizajes tras eliminar el existente. La rectoría del Consejo Superior de Educación se ha debilitado. La conflictividad ha sido tónica en las negociaciones para el financiamiento de la educación superior pública, mientras en la privada –que produce el 65% de los títulos– la supervisión es laxa y la calidad, con contadas y honrosas excepciones, baja.
Los anteriores son solo algunos de los problemas que apunta con claridad, sustenta con datos y analiza con rigor, el décimo Informe del Estado de la Educación (EE), presentado por el proyecto Estado de la Nación, el jueves. Son ellos, además, los que explican en buena medida los decrecientes resultados en calidad y resultados educativos. Se reflejan en los retrocesos de nuestros estudiantes en las pruebas internacionales PISA y en sus fallas en lectoescritura, matemáticas o idiomas extranjeros. Como resultado, les generan enormes dificultades –y también desigualdades– para emprender con éxito estudios universitarios o insertarse en el mercado laboral.
Ante una acumulación tan grande de falencias y retos, el equipo a cargo del actual informe, a diferencia de los nueve previos, decidió ir más allá de sus lúcidos, justos y también alarmantes diagnósticos. Por esto, dedican buena parte del trabajo a sugerir iniciativas para frenar el deterioro y, sobre la base de los logros acumulados a lo largo de décadas, emprender la urgente tarea de restaurar nuestra educación.
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La restauración que proponen debe ir en dos sentidos. Uno, que consideramos el más necesario, su extensión, mejora, modernización, eficiencia, eficacia y pertinencia. Pero a este se añade algo sin lo cual difícilmente aunaremos capacidades para avanzar: que los costarricenses devolvamos el compromiso con la educación a un primer lugar de nuestras inquietudes y objetivos como sociedad y gobierno.
El EE plantea lo que llama “una nueva generación” de estrategias y políticas a ser emprendidas por la próxima administración. Destaca la importancia de escuchar a la sociedad y, sobre todo, a los especialistas en la materia. Y como expertos que son, el equipo plantea oportunas ideas y decisiones para considerar, a partir de sus análisis.
Propone el fortalecimiento de la rectoría del Consejo Superior de Educación como un punto de partida necesario. Otro impulso inicial debería ser un plan de inversiones realista, orientado a mejorar la calidad del sistema educativo con prioridades claras y parámetros de realización verificables, para avanzar gradualmente en cumplir con el 8% del PIB dispuesto por la Constitución.
El EE plantea un amplio conjunto de acciones más específicas. Diseñar y aplicar un sistema “macro” de evaluación, que mida realmente los aprendizajes y permita introducir los correctivos necesarios para optimizarlos. Mejorar los planes de nivelación, los ambientes de aprendizaje, las estrategias y recursos pedagógicos y los procesos de contratación y formación docente. Fortalecer la gestión local de los centros educativos, para que puedan responder de mejor forma a necesidades y oportunidades territoriales. Reimplantar, con los ajustes del caso, los programas que fueron eliminados sin fundamento, y que han generado vacíos imperdonables en, por ejemplo, informática educativa y afectividad y sexualidad. Todas ellas son parte de su listado.
Además, hace especial énfasis en impulsar sistemáticamente las capacidades en lectoescritura y matemáticas. Todo ello dependerá, en gran medida, de cómo funcione la integralidad del sistema, y del tipo de prioridades y liderazgos oficiales que lo animen.
Es por esto que resulta necesario otro nivel de restauración: el del compromiso social con la educación. Por esto, el informe “llama a la ciudadanía a participar activamente, para evitar que decisiones improvisadas, intempestivas y poco transparentes de las autoridades de turno se impongan en la gestión educativa e intenten hacer ‘borrón y cuenta nueva’ sin ofrecer mejores soluciones a cambio”. Esto es, por desgracia, lo que ha ocurrido con el actual gobierno. De ahí la importancia de que el próximo cambie el rumbo en sentido correcto y el deber que tenemos los ciudadanos de exigirlo.
