“Diga en uno o dos minutos cuál es su propuesta para educación”, es una de las preguntas obligadas que les harán a los diversos candidatos en la cercana campaña electoral. Es imposible resumir en un par de minutos todo lo que hay que hacer para salvar la educación –sí, ya no bastan los verbos “mejorar”, “fortalecer” ni “modernizar” el sistema educativo costarricense; hemos llegado al punto de necesidad de salvamento–. El problema es de larga data y es multifactorial, por lo que cualquier respuesta que pretenda ser realista debe hacer referencia a los diversos factores que están haciendo aguas en el barco educativo.
Uno de los factores clave que se deben abordar y que esperamos escuchar en esas entrevistas, es la reforma del Consejo Superior de Educación (CSE) que es, por mandato constitucional, el órgano rector en materia educativa. El CSE es un rara avis en nuestra arquitectura estatal, pues ningún otro ministerio tiene un órgano colegiado rector, con personalidad jurídica propia.
El rango constitucional (art. 81 de la Constitución), en teoría, le da autonomía; en la práctica, carece de independencia presupuestaria, lo cual no es el único problema. En varias entrevistas y artículos de opinión, la veterana educadora Eleonora Badilla Saxe, miembro del Movimiento Mauro Fernández Acuña, ha manifestado que mientras no se transformen la conformación y las funciones del Consejo, ningún lineamiento, propuesta o iniciativa bastará para arreglar la educación pública del país.
Según Badilla, para que la rectoría de la gestión educativa sea independiente y tenga una visión orientadora de largo plazo, las políticas del Consejo deben ser vinculantes para el ministro; de hecho, debe tener la potestad de interpelarlo y pedirle cuentas. Actualmente, por el contrario, se limita prácticamente a validar y aprobar lo que el jerarca ministerial proponga. A su vez, para fomentar la transparencia y la participación ciudadana, el Consejo debe rendir cuentas a la sociedad; esto podría darse ante el Consejo de ministros y la Asamblea Legislativa, además de la publicación periódica de sus acuerdos y un reporte anual.
La necesidad de la rendición de cuentas se ilustra muy bien con un ejemplo: la prensa y la sociedad en general cuestionó a la ministra anterior por la decisión de cerrar el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie); el CSE aprobó dicho cierre, así que también debería haber dado explicaciones sobre los fundamentos de su decisión, así como debería reportar el avance y el grado de éxito del programa que aprobó como reemplazo.
Ahora hay un nuevo ministro, pero el CSE no ha cambiado; sin embargo, no ha informado ni ha sido interpelado por el cierre del Pronie y por otras decisiones de gran calado. Es decir, hay que establecer parámetros y mecanismos de monitoreo y evaluación para garantizar que las políticas educativas aprobadas sean implementadas, que haya seguimiento, evaluación y correcciones, de ser necesario.
Por otra parte, la conformación misma del CSE atenta contra su independencia. Es presidido por el jerarca ministerial y conformado por un exministro de Educación nombrado por el Poder Ejecutivo (hasta hace muy poco, eran dos exministros), un representante de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven (en vez de uno de los exministros), un representante gremial, uno de la Universidad de Costa Rica, así como dos representantes de los ciclos educativos, que son funcionarios del Ministerio, nombrados por directores regionales, supervisores y directores de centros educativos. Independientemente de si están o no en la planilla del Estado, los miembros del CSE ganan dietas por asistir a las reuniones, incluido el ministro.
Según voces expertas, esta conformación no es la ideal y atenta contra la independencia y la visión estratégica, integral y de largo plazo que debe tener el CSE. ¿Cuál sería la alineación ideal del ente llamado a orientar y dictar políticas estratégicas perdurables? Debería ser un cuerpo interdisciplinario e intersectorial compuesto, claro está, en primer lugar, por personas especializadas y experimentadas en educación, y también en salud, ciencias, tecnología, cultura, arte, deporte, sociología, ética, filosofía y psicología. Debe tener representantes del sector productivo, de los padres de familia, de algunos colegios profesionales y de la academia. Para que no sea demasiado numeroso, podría contar con comités asesores compuestos por personas de dichas disciplinas.
El CSE debe contar con el conocimiento presente y prospectivo sobre el futuro del trabajo, las oportunidades y los retos de la revolución tecnológica y la transformación digital, el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, y la idoneidad y la formación docente continua, por ejemplo. Además, debe fomentar una educación más equitativa e inclusiva que priorice y asegure la calidad en zonas vulnerables, entre otros factores por considerar.
Ahora bien, debe pensarse muy bien quién elige –y cómo– a esas personas para garantizar la necesaria independencia de criterio y de toma de decisiones. Esto tiene relación también con el pago de dietas a sus miembros, ¿sería mejor que las reciban solamente quienes no estén en la planilla del Estado? ¿Acaso participar en el CSE no es parte de las funciones del ministro y de otros funcionarios públicos activos que lo conforman?
Con respecto a las funciones, originalmente el CSE debía tener a cargo la orientación y dirección de la educación pública “desde el punto de vista técnico” (art. 1º de la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación CSE, N.° 1362). En 2013, se eliminó dicha frase, lo que en la letra dejó al Consejo como el órgano orientador y rector que previó el constituyente. Sin embargo, esa reforma parcial no fue suficiente, ya que, por un lado, en algunos asuntos sigue emitiendo decisiones técnicas y, por otro, ha seguido sometido a los vaivenes de la política partidaria y a las coerciones de diversos grupos de presión.
La ley y el reglamento le encomiendan aprobar una mezcla de cosas sumamente disímiles. Esta lista de funciones debe revisarse y afinarse cuidadosamente para que sea congruente con la misión estratégica que debe realizar el CSE.
En síntesis, la política nacional de educación requiere visión sistémica, estabilidad y continuidad. Garantizar el Consejo Superior de Educación que necesita el sistema educativo público requiere una transformación de fondo a su ley de creación y su reglamento. El Movimiento Mauro Fernández Acuña próximamente presentará un borrador integral de reforma a la ley de creación del CSE. Su aprobación debe pasar por consultas a grupos, entes e instituciones. Ojalá tengamos, como sociedad, la madurez necesaria para discutirlo amplia y objetivamente para que el resultado contribuya verdaderamente a salvar el sistema educativo público.
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Abril Gordienko López es máster en Administración Pública y activista cívica.