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Una amplia región del mar Caribe se ha convertido en epicentro de drásticas acciones militares por parte de Estados Unidos. Sus propósitos son múltiples y no todos claros. Entre ellos está forzar la caída del dictador Nicolás Maduro, pero todo indica que existen otros más.
Su gobierno, producto de un grotesco fraude en las elecciones de julio del pasado año, es totalmente ilegítimo. Así lo dijimos entonces en un editorial. Junto a una corrupta camarilla militar y el apoyo del régimen cubano, Maduro ha desarrollado un frío aparato represivo, arruinado al país, generalizado la pobreza y forzado la emigración de millones de venezolanos. Por esto, quienes propugnan por su salida –o expulsión– del poder merecen apoyo.
Lo anterior, sin embargo, no implica que cualquier método sea aceptable; tampoco que, en aras de su merecido derrocamiento, se generen precedentes funestos, se violente el derecho internacional o se abra el camino para arbitrariedades o imposiciones de carácter transnacional.
Por esta razón, consideramos en extremo peligrosa la campaña militar desplegada en nuestro hemisferio, de manera progresiva e indefinida, por el gobierno estadounidense. Un fin legítimo, como sacar al dictador, no justifica, necesariamente, otros de dudosa factura, ni que utilicen medios reprochables para alcanzarlo.
Las acciones comenzaron en setiembre, luego de que el presidente Donald Trump clasificara a los carteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas” y autorizara el uso de la fuerza militar en su contra. A partir de ese mes, empezó el despliegue de barcos y aviones en el Caribe y el Pacífico oriental, junto a los ataques a pequeñas embarcaciones que, de acuerdo con las versiones oficiales, transportaban drogas desde Venezuela y –en menor medida– Colombia. Hasta el momento, más de 20 han sido destruidas y todos sus ocupantes, que superan los 100, ultimados.
Múltiples especialistas estadounidenses en derecho militar cuestionan la legalidad de estas acciones. Además, hay razones para dudar de su eficacia para contener el consumo de drogas en Estados Unidos, en particular el fentanilo, que sigue otras rutas. Y llama la atención que el designio haya sido matar, no capturar para interrogar y procesar a los presuntos delincuentes.
Operaciones de esta índole no requieren el impresionante despliegue aéreo y naval que se ha producido, y que el propio presidente Donald Trump calificó, acertadamente, como “la mayor armada” estadounidense de la historia en nuestro hemisferio, incluido su más moderno y sofisticado portaaviones. Por esto, resulta obvio que el propósito, más allá de proyectar a sus electores la imagen de que se avanza con éxito en la “guerra” contra el narcotráfico, tiene otras dimensiones.
La más clara es el derrocamiento de Maduro. El bloqueo naval desplegado contra buques de la llamada “flota fantasma” –muchos sancionados internacionalmente–, que transportan petróleo de Venezuela a otros países, en particular China, es parte de una estrategia para ahogar a su dictadura. Pero un régimen basado en la represión difícilmente caerá por razones económicas. Para que tal cosa ocurra, a menos que se produzca un golpe palaciego, se requerirán acciones militares en el terreno. Esto implicaría una clara violación del derecho internacional, y podría desatar un conflicto interno prolongado, demandar el uso de tropas estadounidenses, algo que Trump no desea y sería en extremo impopular.
La posible caída de Maduro, además, no garantiza una transición fluida a la democracia; tampoco, la estabilidad de Venezuela. Y no queda claro si el propósito es solo este, o si va más allá. Podría contemplar controlar su industria petrolera, algo que Trump ha sugerido. Y podría ser también el primer paso tangible hacia una prioridad establecida en su reciente Estrategia de Seguridad Nacional: restaurar la “preeminencia” de su país en el hemisferio, con énfasis en los intereses y desdén por los valores.
Ninguno de esos objetivos es aceptable. Tampoco lo es la virtual cacería de embarcaciones y presuntos narcotraficantes, sin ningún esfuerzo por capturarlos y, así, avanzar en el desmantelamiento de sus redes. Quedaría solo, como un fin consecuente con la democracia y la soberanía del pueblo venezolano, la presión para un cambio de régimen en Venezuela. Lo apoyamos, pero es imposible saber si los métodos aplicados hasta ahora lo harán posible de manera eficaz, sin generar gran inestabilidad y violencia, y sin violentar otros principios fundamentales que no se deben desdeñar.
