El gobierno socialista de Gabriel Boric califica de prioritarias sus relaciones con la Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, México y Perú, además de Chile. Ecuador manifiesta interés por convertirse en miembro y los países del bloque comercial discuten la posibilidad de un tratado con Singapur. Mientras tanto, Costa Rica viene discutiendo su incorporación desde la firma de un acuerdo de adhesión por la entonces presidenta Laura Chinchilla.
A partir de ese momento, una sucesión de tropiezos impidieron el ingreso al bloque. Durante los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana, la decisión de evitarlo fue clara, la mayor parte de las veces, y disimulada, en otras, como cuando el presidente Carlos Alvarado condicionó la membrecía al “fortalecimiento de los agricultores”, sin definir parámetros para juzgar el cumplimiento de esa meta.
Ahora, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) comenzó a explorar la adhesión con los países miembros y ha encontrado buen ambiente, según el ministro Manuel Tovar. La posibilidad de un tratado de libre comercio con Ecuador, anunciada por el presidente Rodrigo Chaves durante la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, es vista como un paso en la misma dirección.
Es la dirección correcta. Costa Rica lo tiene demostrado con el exitoso proceso de apertura de las últimas décadas. A cada paso, hubo oposición de sectores afectados o aspirantes al proteccionismo, pero los resultados fueron siempre, en términos generales, muy favorables. Pocos imaginan a estas alturas el regreso a la economía cerrada de antaño.
La oposición al ingreso a la Alianza del Pacífico proviene del sector agropecuario, preocupado por la competencia de los demás países. No obstante, en el 2018, pudimos haber ingresado con solo someter el 92% de las líneas arancelarias al libre comercio. El 8% restante son 603 líneas o productos, muchos relacionados con el agro.
Expertos en la materia señalan la existencia de un amplio margen para la negociación. Fernando Ocampo, con amplia experiencia en comercio exterior, confía en la posibilidad de “atender adecuadamente las sensibilidades reales” y Víctor Umaña, exdirector del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), ve la misma oportunidad en las condiciones planteadas en el 2018.
Ambos señalan, por otra parte, las dimensiones de la Alianza más allá del vínculo comercial entre los miembros. La adhesión al bloque no puede analizarse únicamente desde el aspecto arancelario, dice Ocampo, porque incide en otros asuntos, como la atracción de inversión, alianzas en educación y turismo. Para Umaña, el acuerdo es, más que un tratado comercial, “un mecanismo de cooperación profunda, que establece acciones para la promoción de inversiones entre los países miembros y abre grandes oportunidades para sectores como la agricultura, entre otros”.
La Alianza constituye una plataforma de comercio e inversión orientada a la región Asia-Pacífico, con su enorme peso en el intercambio mundial. Costa Rica ya tiene amplia experiencia en la negociación de tratados y sus equipos de comercio exterior están entre los más reconocidos del área. También ha experimentado los beneficios de la apertura comercial, sin desconocer la existencia de afectados para quienes debe haber medios de compensación y adaptación, junto con la gradualidad necesaria para aprovecharlos.
La decisión del gobierno de retomar las negociaciones merece apoyo, y ojalá en esta oportunidad no dejemos a los potenciales socios esperando para no dañar la credibilidad del país en una materia tan trascendental. El tratamiento de política de Estado concedido al comercio exterior en Chile debe verse como una lección.
La Alianza constituye una plataforma de comercio e inversión orientada a la región Asia-Pacífico. (Shutterstock)
