La manipulación y engaño introducidos por las redes sociales en los procesos políticos de todo el mundo democrático se hicieron presentes por primera vez en Costa Rica durante las elecciones recién pasadas. Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, descubrió una red conformada por gran número de perfiles, páginas y grupos dedicados a distribuir comentarios sobre el proceso y los candidatos.
El impacto de semejantes actividades sobre el sufragio y el tejido social es motivo de consternación en el planeta entero. Ahora debe serlo en Costa Rica porque solo la comprensión del potencial destructivo del fenómeno impulsará el cambio político legislativo e institucional necesario para confrontarlo.
Una declaración atribuida a Jorge Porras, representante de la empresa de relaciones públicas mencionada por Meta en el informe de sus investigaciones, revela con candidez los riesgos de este tipo de comunicación: “Nunca en la historia de la democracia una campaña se ha logrado ganar con ideas o propuestas, la base de la comunicación política deben ser las emociones. Las ideas o propuestas tienen valor táctico o estratégico en el plan de comunicación únicamente en función de las emociones que se busque generar con ellas”.
La declaración figura en el sitio de la empresa como elemento promocional. No está de más señalar que las emociones negativas están entre las más poderosas. El odio, por ejemplo, ha sido utilizado en infinidad de campañas políticas de la nueva era con serias consecuencias para los países victimizados.
En otros procesos electorales costarricenses hemos visto comportamientos engañosos, pero relativamente inocuos, como la compra de likes para inflar la popularidad de un candidato, y desde hace tiempo sufrimos el pernicioso fenómeno del meme anónimo o la falsa noticia dirigida contra la reputación ajena. En este momento, estamos frente a conductas calificadas como comportamiento inauténtico coordinado (CIB, por sus siglas en inglés). El término fue acuñado precisamente para enfatizar el engaño y la orquestación.
Las empresas tecnológicas transnacionales, como Meta, reaccionan ante el embuste con la única medida a su alcance: proscribir a los transgresores. Eso hizo la casa matriz de Facebook e Instagram con Noelix Media, empresa de relaciones públicas con oficinas en Costa Rica y El Salvador, para sancionar el engaño perpetrado en nuestro país por cuenta de más de un partido político, según Meta.
Las respuestas de la legislación nacional no son claras. El Tribunal Supremo de Elecciones deberá investigar cuánto pagaron los partidos involucrados por el servicio, ver si los pagos fueron reportados y establecer el origen de los fondos. Esas indagaciones podrían conducir al establecimiento de responsabilidades.
No obstante, el uso de imágenes de perfil generadas con técnicas de inteligencia artificial para crear fotografías realistas de personas ficticias y el empleo de cuentas falsas “para administrar páginas que se hacían pasar por medios noticiosos, publicar memes, comentar sobre su propio contenido y el de otros y dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma” no parecen encuadrar en los tipos penales existentes.
A esa conclusión deberán llegar las autoridades y, si fuera correcta, estaríamos en un país donde falsificar una identidad para engañar a los electores mediante el uso de las nuevas tecnologías no tiene consecuencias, como si las habría para quien publique un espacio pagado en los medios de comunicación tradicionales calzándolo con un firma falsa.
Si la solución existe en la legislación, eso no excluiría la necesidad de promulgar una normativa específica. No se trata de regular los contenidos ni su veracidad, sino de transparentar su origen y castigar el engaño perpetrado mediante la falsificación de identidades y cuentas. La legislación puede ser aprobada sin el menor roce con la libertad de expresión.
Si no hubiera un camino para exigir otras responsabilidades, la opinión pública merece saber, cuando menos, quienes pagaron para engañarla. Para posicionar su contenido —dice Meta—, la red gastó alrededor de $128.000 (unos ¢85 millones) en Facebook e Instagram, pagados en dólares y colones. No sabemos de inversiones en otras plataformas.
La investigación del Tribunal Supremo de Elecciones podría estar entre las más trascendentales de su historia. El resultado puede gravitar sobre el futuro de las contiendas electorales y servir de acicate a los integrantes del nuevo Congreso para llenar los vacíos existentes en el ordenamiento jurídico.
