EscucharHay impuestos para todo, pero no todos cumplen sus fines. En algunos casos, el costo de la recolección superaría el monto del ingreso y, en otros, la recaudación no produce los beneficios prometidos cuando se aprobó el tributo.
La historia guarda el misterio del gravamen de 0,260 centavos al jabón de tocador, y ya nadie recuerda el papel sellado de los documentos oficiales, existente desde 1885. En aquella época, debe haber contribuido a financiar al gobierno de Próspero Fernández, pero en la actualidad apenas genera ¢3,7 millones anuales.
Una investigación del Programa Estado de la Nación (PEN) identificó 191 impuestos, tasas y contribuciones especiales, creados a un ritmo promedio de tres al año. La mayor parte (un 66%) nació por iniciativa de los legisladores y el resto fueron impulsados por el Poder Ejecutivo, salvo cinco casos cuyos orígenes no pudieron ser precisados. Las municipalidades recaudan 96 de los 191 tributos y tasas.
La multiplicidad de obligaciones y recolectores impone a los ciudadanos el tránsito por un calvario burocrático, los obliga a estar pendientes de un sinnúmero de vencimientos, aumenta la tramitomanía y, a fin de cuentas, causa pérdidas al Estado por incumplimientos debidos a la intención de evadir, no el impuesto, sino las dificultades para pagarlo.
El esfuerzo por digitalizar el manejo del Ministerio de Hacienda para hacer un cobro más eficiente de los tributos y mejorar la calidad del gasto, incluida la administración de la deuda pública, es indispensable, pero se le debe aparejar la simplificación de las obligaciones y la mejora de la interacción con el usuario.
Los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, pero el Estado tiene la obligación de facilitar el pago tanto como sea posible. El cumplimiento de esa obligación es, al mismo tiempo, un beneficio para el Estado porque la facilidad para declarar y pagar aumenta la recaudación. La digitalización de Hacienda, además de mejorar la fiscalización, es también un servicio. Es necesario emprender, con el mismo espíritu, una revisión de los tributos y tasas existentes.
El examen no debe limitarse a identificar tributos obsoletos o ineficientes. La multiplicidad de recaudadores, la complejidad de los formularios y la falta de interoperabilidad de los sistemas también deben ser tomadas en cuenta.
Los contribuyentes deben tener la posibilidad de revisar su situación fiscal en tiempo real para mantenerse al día y plantear oportunamente los reclamos que estimen necesarios, los cuales deben ser atendidos con prontitud.
En el Ministerio coexisten cinco docenas de sistemas, muchos de ellos con más de una década de antigüedad. Si se les suman los medios de cobro aplicados por las municipalidades, es fácil entender por qué el país sufre un grave rezago en la materia.
Según informes citados por la Contraloría General de la República en su memoria anual del 2021, los contribuyentes nacionales se ven obligados a invertir el triple del tiempo que la declaración y pago de impuestos exige en Estonia.
En Costa Rica, un contribuyente debe emplear aproximadamente 100 horas más. Estonia es un país ejemplar en materia de ciudadanía digital y sus logros demuestran hasta donde es posible avanzar.
El inventario recopilado por el Programa Estado de la Nación propicia el debate al confrontarnos con la dramática realidad de la dispersión y el desorden. No debemos caer en la tentación de limitarnos a enfrentar el problema con acciones legislativas dirigidas únicamente a podar los excesos. Es preciso simplificar el sistema tributario, no las dimensiones de sus falencias.
