La Caja Costarricense de Seguro Social goza de mucha estima y las razones son fáciles de comprender. El restablecimiento de la salud propia o de un ser querido es causa de duradera gratitud y el solo hecho de saber que existe una institución adonde acudir en caso de una enfermedad, especialmente si es grave, produce tranquilidad. En consecuencia, la institución constituye un puntal de nuestra paz social.
Esos méritos son fruto de las funciones asignadas a la Caja, no necesariamente de su óptima administración y ni siquiera del cumplimiento pleno de su cometido. Hay listas de espera, escándalos de corrupción, excesos presupuestarios, trato deficiente de los asegurados e infraestructura necesitada de mejoras. También hay un costo elevado para el aparato productivo, incluidos los trabajadores marginados de su operación formal por las altas cargas sociales.
A menudo, el reconocimiento de las contribuciones de la Caja precluye el examen de sus debilidades. La burocracia institucional es la primera en confrontar la crítica, argumentando el trascendental papel de la seguridad social, como si el señalamiento de deficiencias convirtiera a quien lo hace en enemigo del concepto mismo.
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Pero muchas de las principales fallas y los medios para superarlas están inventariados en la propuesta final de la comisión creada por la presidenta Laura Chinchilla para enfrentar la grave crisis de la institución durante su mandato. La Caja acogió el informe sin protesta, aunque pocas recomendaciones fueron acatadas. Las credenciales de los autores, todos vinculados de una u otra forma con la institución, eran inobjetables y su diagnóstico, difícil de desvirtuar. Cuando menos, el documento sirve de señalamiento de evidentes deficiencias, todavía no atendidas pese al transcurso de una década.
Ahora, en un gesto poco frecuente, el presidente, Carlos Alvarado, rompió con la cautela habitual de los políticos frente a la Caja y unió su voz a la crítica por la deficiente respuesta al reto del trabajo informal. Ochocientos mil costarricenses laboran sin seguro y sin cotizar para una pensión, incapaces de cumplir las exigencias de la seguridad social.
El mandatario señaló la ironía del déficit de aseguramiento entre los más necesitados: «Nuestro modelo se vuelve muy pesado para los empleos de baja calificación y los arroja a la informalidad. Los empleos más remunerados generalmente son los más formales. Conforme nos vamos acercando a la parte de menor ingreso, hay mayor informalidad».
La Caja, dijo el mandatario, es un obstáculo para la formalización del trabajo y, lejos de recapacitar, podría profundizar el error si aprueba la propuesta de reglamento del seguro de trabajadores independientes. Alvarado calificó de justa la andanada de críticas dirigidas a la propuesta, que pretende afectar rentas no derivadas directamente del trabajo y establece un cobro retroactivo de diez años para asegurar a los independientes.
Las medidas propuestas por el presidente con el fin de racionalizar el sistema de aseguramiento son un buen punto de partida y deben ser incorporadas a la agenda de prioridades. Una amnistía para pequeñas y medianas empresas debería incluir, también, a los trabajadores independientes. El reglamento aplicable a estos últimos, lejos de agravar las cargas sociales, debe ser revisado para invitar a la formalización. Además, propone establecer modelos más flexibles de aseguramiento.
En setiembre del año pasado, cuando expuso su primera propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno esbozó un plan para refinanciar las cotizaciones de forma que no pesen exclusivamente sobre las planillas. Es necesario rescatar esa iniciativa para que la Caja deje de obstaculizar el empleo y no solo su formalización.
