De forma abrumadora, en orden y con sus ojos en el futuro, los chilenos votaron el domingo a favor de convocar una convención constitucional para redactar una nueva ley fundamental. Dieron así una muestra ejemplar de madurez democrática y de apuesta por las vías institucionales legítimas para resolver severos conflictos sociales, económicos y políticos.
A la vez, no dejaron duda alguna de su rechazo a la actual Constitución. Aunque ha sido reformada en reiteradas ocasiones, es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y representa un modelo de Estado que deberá ser rediseñado. Cuáles serán sus características, qué preservar de los logros bajo esa sombrilla jurídica desde la reinstauración de la democracia en 1989 y cuáles modificaciones introducir es la gran tarea que tiene ahora por delante la sociedad chilena.

Los 7,5 millones de ciudadanos que concurrieron a las urnas debían manifestarse sobre dos asuntos: primero, si aprobaban o desaprobaban la redacción de otra constitución; segundo, cuál debería ser la modalidad para emprender la tarea: si una convención abierta, elegida en su totalidad por voto popular, o una mixta, compuesta, en igual número, por los legisladores en ejercicio y nuevos constituyentes. Según el último cómputo (con el 99,8 % de los votos escrutados) el 78,27 % dijo sí a la nueva constitución y un 78,99 %, a la convención general. En ella, habrá paridad de género entre los 155 integrantes.
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El mensaje sobre el deseo de cambio está claro. Ya se había expresado en las multitudinarias y violentas protestas que conmovieron el país entre octubre del año pasado y febrero del presente. El detonante fue un aumento en las tarifas del metro de Santiago, la capital, pero el trasfondo era mucho más profundo.
Desde el punto de vista sistémico, amplios sectores de la población reclaman una desigualdad múltiple, no solo en los ingresos, sino también en los beneficios de un esquema de pensiones esencialmente privado y con beneficios en extremo bajos para los sectores más desfavorecidos, y sistemas de salud y educación que garantizan servicios de alta calidad para quienes contribuyen directamente a ellos, pero mucho más deficientes para el resto. Además, una serie de escándalos de corrupción deterioró la confianza en los actores políticos, mientras la desaceleración económica recargaba los factores de descontento y ansiedad ciudadanos.
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Debido a las constantes erupciones de violencia, el gobierno optó inicialmente por una fuerte represión; luego, por cambios puntuales para atender algunos de los reclamos. Sin embargo, no fue suficiente para aplacar el descontento. Dada esta realidad, los principales sectores políticos confluyeron en la necesidad de abrir la vía a otra constitución. El paso que se dio el domingo desencadenará una nueva dinámica. Los partidos tendrán tiempo hasta el 11 de enero para postular sus listas. La elección de constituyentes tendrá lugar el el 11 de abril, junto con la de alcaldes, concejales y gobernadores. Una vez instalada, la constituyente tendrá nueve meses para la redacción, con una posible prórroga de tres. El texto será sometido a referendo 60 días después de la publicación en La Gaceta.
Parte del proceso que se desatará a partir de ahora tiene que ver con la conformación de listas de candidatos. Una gran pregunta es si los sectores de centroizquierda, desde democristianos hasta comunistas, exhibirán la misma unidad lograda para las elecciones del domingo (probablemente no); otra, si la centroderecha, dividida entre los partidarios del rechazo y la aprobación, tendrá la misma capacidad, algo también difícil.
La gran ventaja, desde el punto de vista de la estabilidad del país y la posibilidad de alcanzar amplios acuerdos alrededor de las inevitables reformas, es que la constituyente requerirá un mínimo de dos tercios de los votos para aprobar cada artículo. Por eso, el más probable resultado será un contenido con muchas mayores dimensiones sociales y funciones estatales en la prestación de servicios públicos, pero, a la vez, un razonable papel del mercado y los sectores privados. Es algo que, sin embargo, está por verse.
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Pasado el período de alumbramiento de la opción constituyente, lo que resta será más complejo. Rediseñar un modelo de Estado luego de una crispación tan aguda en una sociedad escindida requerirá un enorme grado de madurez de los principales actores políticos, sociales y económicos. Hasta el momento la han tenido. Lo fundamental es que no solo la mantengan, sino que la fortalezcan aún más y la conviertan en una ruta robusta de democracia, justicia y prosperidad para Chile.