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Tren eléctrico metropolitano recorrería 84 kilómetros a lo largo de 15 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM). La obra tendría un costo cercano a los $1.550 millones. El Estado aportaría $550 millones para su construcción.
El tren eléctrico metropolitano es un interesante proyecto para el próximo gobierno y una necesidad para el país. A la administración actual ya se le hizo tarde, pero la siguiente podría comenzar con ventaja si la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa le da dictamen favorable, antes del 1.° de noviembre, al préstamo de $550 millones para financiar el aporte estatal.
Entre la aprobación del crédito y el fin de la administración Alvarado mediarán, cuando mucho, seis meses. No habrá tiempo para poner una placa. En cambio, la próxima administración contará con dinero prestado en condiciones inmejorables y la posibilidad de dar inicio a las obras. Incluso, tendrá la oportunidad de hacer algún ajuste para apropiarse del proyecto.
El Fondo Verde del Clima, de Naciones Unidas, aportaría $250 millones con una tasa de interés del 0% a 40 años plazo y una década de gracia para comenzar a pagar. Los $300 millones restantes vendrían del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con una tasa del 3,8% anual. Además, el Fondo Verde donaría $21,3 millones para obras complementarias, como ciclovías y espacios públicos relacionados con el ferrocarril.
Las condiciones de financiamiento, vistas en conjunto, están muy cerca de un regalo. Eso no es producto de la casualidad sino del interés de colaborar con un proyecto transformador y ejemplar. El país con el sistema de transporte más contaminante de América Central pondrá en uso uno de sus recursos más abundantes —la electricidad—para movilizar a los habitantes de la región más poblada, descongestionar las carreteras y elevar el nivel de vida.
Si pasa el 1.° de noviembre sin el dictamen de la comisión, el expediente irá al archivo y los créditos se perderán sin oportunidad siquiera de discutirlos en el plenario legislativo. Es un resultado irracional, sobre todo si el país comprende la trascendencia del proyecto y, precisamente por eso, se escatima un acuerdo político para negar méritos de autoría.
La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, suplicó a los diputados salvar el préstamo para propiciar su discusión después de la campaña política que, dicho sea de paso, no garantiza su permanencia en el puesto ni su participación en el desarrollo del proyecto. “Después de pasadas las elecciones de febrero, ya sea que se tenga presidente electo o dos candidatos a la segunda ronda, va a ser muchísimo más fácil que el cuerpo político se ponga de acuerdo”, dijo la funcionaria.
Con $550 millones en sus manos y un proyecto maduro, la próxima administración podrá abocarse a conseguir un concesionario interesado en invertir los $1.000 millones restantes para conectar San José, Alajuela, Heredia y Cartago con una red de 84 kilómetros, capaz de movilizar a unos 200.000 pasajeros por día.
Es difícil comprender que los partidos políticos con verdadera vocación de poder dejen pasar la oportunidad. El dictamen afirmativo de sus diputados en la Comisión de Infraestructura no implica riesgo alguno y preserva la oportunidad de tomar una decisión posterior.
La oportunidad, huelga decir, es también para el país. Nunca habrá tren eléctrico si aspiramos a no subsidiar el servicio, porque eso no sucede en ninguna parte. Tampoco si esperamos un mejor momento fiscal y económico porque proyectos de infraestructura como este son, más bien, un elemento de la recuperación, como lo reconocen los estudios ejecutados por académicos del Incae. Incluso, las críticas formuladas al diseño no son motivo para renunciar al financiamiento sin más discusión. Ojalá aprovechemos la oportunidad, para mérito de quien sea y beneficio del país.
