Concesión o fideicomiso, la ampliación de la carretera a San Ramón se financiará con el pago de peajes estimados, por lo pronto, en ¢3.600 por recorrer, ida y vuelta, los 55 kilómetros entre La Sabana y la ciudad alajuelense. El cálculo no es definitivo porque a siete años de la cancelación de la concesión otorgada a la empresa constructora OAS, todavía no concluyen los estudios de factibilidad.
El Gobierno, por otra parte, ha venido desarrollando obras impostergables valoradas en $110 millones para mejorar la fluidez del tránsito y la funcionalidad de la vía mientras se ejecuta la ampliación. La idea es eliminar los cuellos de botella creados por puentes, intersecciones y otros obstáculos, pero también contribuye a reducir la inversión necesaria para la ampliación total.
Según Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el nuevo proyecto incluye «infinidad» de obras adicionales a las contempladas en el plan descartado en el 2013 y se hace con un horizonte de 25 años. Si la obra contratada con OAS se hubiera ejecutado, dice el funcionario, probablemente estaríamos pensando en una nueva ampliación, como sucede con la ruta 27.
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No obstante, el país ha perdido más de siete años y el cronograma del fideicomiso hace pensar que pasarán varios más antes del inicio de la obra. Cuando esté completa, la principal objeción de quienes dieron al traste con la concesión no estará resuelta. Siempre habrá un peaje y el monto será parecido, a pesar del aumento del tránsito en los años transcurridos y de la rebaja de las obras impostergables.
Esa relación de hechos no la hacemos con ánimo crítico. Por el contrario, abogamos por acelerar los trámites y la ejecución de la obra. Los señalamientos más bien obedecen a la necesidad de encarar la realidad de un país sin recursos propios para desarrollar infraestructura y necesitado de hacerlo.
La vía a San Ramón es una de las más importantes para la economía y la calidad de vida. Es una arteria vital de la Gran Área Metropolitana y conecta a la capital con el aeropuerto internacional, una de las grandes ventanas por donde se expresa la vocación nacional de apertura e intercambio. Nunca se debió permitir el fracaso de un proyecto tan relevante a manos de intereses localistas y demagógicos.
El peaje por kilómetro dice el ministro, será similar al de la ruta 27 entre San José y Caldera. Habrá que pagarlo o prescindir de la obra. Dar la espalda al desarrollo es impensable. Ojalá las antipatías generadas por el proyecto original no afloren ahora que la ejecución está a cargo de un fideicomiso, como en su oportunidad lo exigieron los opositores, y que han pasado tantos años sin mayor avance, salvo las obras impostergables.
Ojalá la experiencia sirva, también, para hacer de lado los prejuicios. Ya el propio ministro advirtió la falta de recursos para completar siquiera las obras planeadas y la inexistencia de margen para pedir más financiamiento. Ese será el panorama de los años venideros a juzgar por la gravedad de la crisis fiscal.
«Vamos a tener un límite de gasto restringido y cero posibilidad de crédito público para nuevas obras. Van a pasar varios años sin que podamos disponer de mayores recursos», afirmó Méndez Mata en un foro celebrado por La Nación para medir los efectos de la pandemia sobre el desarrollo de infraestructura. En el acto, el ministro hizo un listado de obras ya descartadas a causa de los recortes presupuestarios, pero renunciar a obras estratégicas solo profundizará las dificultades económicas y sociales. Las alternativas son obvias.
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