Editorial

Editorial: Netanyahu y el deterioro democrático que Israel necesita revertir

Las elecciones del domingo 25 de octubre revelaron un rechazo mayoritario al primer ministro Benjamín Netanyahu. Solo una alianza entre los partidos judíos y árabes de oposición abrirá el camino a otra coalición gobernante

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, levanta un buscapersonas mientras habla durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, en referencia al ataque contra Hezbolá que dejó cientos de muertos y heridos.
Es notable el daño causado por Benjamín Netanyahu a la institucionalidad democrática de Israel. TIMOTHY A. CLARY

Si, como consideraban muchos ciudadanos y analistas, las elecciones parlamentarias del pasado martes 27 de octubre en Israel representaban una especie de referendo sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no cabe duda de que las perdió. La coalición dominada por su partido Likud obtuvo 53 asientos de 120 en el parlamento (Knéset), nueve menos que en 2022. Las ocho formaciones opositoras obtuvieron los 67 restantes. Y aunque Likud se mantuvo como el más votado, bajó de 32 a 25 escaños.

En circunstancias distintas a las actuales, esto implicaría, casi con certeza, un nuevo gobierno, encabezado por el general Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor conjunto de sus Fuerzas de Defensa, cuyo partido, Yasher, es dominante en el bloque de oposición. Sería lo mejor para el país.

Ya es hora de que Netanyahu, el político con más tiempo como primer ministro en la historia israelí, deje el poder. El daño que ha causado a su institucionalidad democrática –en particular la independencia judicial– es notable. Su creciente radicalización y dependencia de los partidos de extrema derecha para seguir gobernando ha potenciado grandes fracturas en la población. La politización de entidades independientes, como la agencia de seguridad interna, es una amenaza para las libertades civiles. Y sus maniobras para mantenerse en el poder tienen, entre sus móviles, eludir procesos penales en curso bajo cargos de corrupción, que niega.

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