21 enero

La desaparición del bipartidismo condujo a la atomización de las fuerzas políticas nacionales con altos costos para la gobernabilidad. Ahora, fuertes corrientes internas en los dos grandes partidos de antaño emprenden la senda de la municipalización, como si tuvieran por norte profundizar la dispersión.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tiene el proceso más avanzado, como es evidente por la conformación y comportamiento de su fracción legislativa. En realidad, no se trata de una bancada, sino de, cuando menos, dos. El fraccionamiento le debe mucho al sistema de selección de candidatos al Congreso, diseñado para privilegiar el localismo.

En consecuencia, la fracción del PUSC es la más indisciplinada, según el reciente informe del Programa Estado de la Nación (PEN) que analizó los votos de los 57 diputados. Otros partidos alcanzan hasta el 99,68 % de apego a la línea de fracción, pero los socialcristianos, cuando enfrentan proyectos relevantes, apenas siguen a su jefatura un 92,61 % de las veces y ninguno dejó de apartarse de la bancada en alguna oportunidad.

Las disputas internas se manifiestan con mayor crudeza entre los socialcristianos, luego de los rompimientos iniciales en Restauración Nacional y partidos menores. El primero de mayo, cuando el diputado Pablo Heriberto Abarca perdió la presidencia de la Asamblea Legislativa con votos del PUSC en su contra, declaró «quebrada» la fracción y denunció una negociación de sus compañeros «bajo la mesa».

El fenómeno no pasa inadvertido para el expresidente socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez, cuyo criterio es que el sistema de selección de candidatos a diputados en las asambleas provinciales «feudaliza» la agrupación. «El poder originado —sin contrapesos— en la base cantonal que establece las candidaturas a la Asamblea Legislativa lo ha hecho perder unidad frente a los problemas nacionales», dice, de su partido, el exmandatario.

Según Rodríguez, la Unidad pasó de ser una organización con intereses sectoriales y territoriales muy diversos, unidos por valores y una visión de futuro compartida, a una agrupación centrada en la repartición de candidaturas al Congreso, con estructuras prácticamente «provincializadas» o «cantonizadas».

El Partido Liberación Nacional lleva el mismo camino. Logró mantenerse cohesionado pese a las duras derrotas de los últimos dos procesos electorales: en el primero, con renuncia a seguir en campaña durante la segunda ronda, y, en el más reciente, incapaz de pasar siquiera a la fase final. No obstante, el impulso «municipalizador» viene manifestándose con fuerza desde el año pasado, cuando un grupo de alcaldes propuso elegir al aspirante presidencial mediante consenso.

La fabricación del acuerdo, evidentemente, quedaría a cargo de los alcaldes, que demandaban mayor participación en los órganos de dirección del partido y exigían despojar al candidato de la potestad de elegir los llamados aspirantes nacionales al Congreso. En diciembre, la Asamblea Nacional del PLN dio gusto al bloque de alcaldes y despejó el camino a aspiraciones locales a costa de la coherencia entre futuras fracciones legislativas y un eventual Ejecutivo liberacionista.

Ahora, el grupo de alcaldes, encabezado por el josefino Johnny Araya y el ramonense Nixon Ureña, encuentra en el exalcalde alajuelense Roberto Thompson un candidato presidencial afín a sus pretensiones. Thompson se ha distinguido por impulsar la agenda municipal en el Congreso, incluido el polémico esfuerzo para liberar a los Concejos de la regla fiscal, citado por Standard & Poor’s entre las razones para el desmejoramiento de la calificación de la deuda costarricense.

El proyecto es un claro ejemplo de las tensiones posibles entre el interés nacional y el local. Sumada a la atomización política posterior al bipartidismo, la «municipalización» fragmenta el poder entre decenas de microadministraciones con capacidades e intereses muy diversos. De camino, la conveniencia nacional puede quedar relegada.

En las filas liberacionistas también hay dirigentes preocupados por el fenómeno «municipalizador». Francisco Antonio Pacheco, expresidente del partido, exministro y exdiputado, pidió evitarlo, pues «el centro de gravedad del partido no puede recaer en los alcaldes, porque es nacional y tiene que incorporar distintas fuerzas y perspectivas nacionales», señaló.

El año pasado, cuando los alcaldes propusieron el candidato por consenso y sus otras exigencias, el exdiputado y exministro Francisco Chacón escribió en las redes sociales: «Esta declaración y sus objetivos resume lo que sería la toma del partido por los alcaldes o, lo que es lo mismo, la guía práctica para terminar de destruir un partido político».