EscucharSi los alcaldes se salen con la suya, la Asamblea Nacional de Liberación Nacional les concederá una influencia inusitada en las decisiones internas, con grave riesgo de municipalizar la agrupación en detrimento de su vocación nacional. Los gobernantes locales exigen un representante municipal de cada provincia en la Asamblea Nacional y uno en el Directorio Político.
Más importante aún, procuran incrementar su influencia en la elección de candidatos a diputados, restándole al aspirante presidencial la facultad de nombrar cinco «nacionales». Si la propuesta prospera, el número se reducirá a uno y el resto de la papeleta la decidirán las asambleas provinciales, no la nacional.
Sumado al carácter prácticamente vitalicio del cargo de alcalde, salvo una difícil reforma para impedir la reelección indefinida, el PLN depositaría en los gobernantes locales una cuota de poder exorbitante, con ramificaciones en la Asamblea Legislativa y la misma presidencia de la República, si el localismo no malogra la intención de conquistarla. Los propios alcaldes no renuncian a la posibilidad: hace semanas despertaron polémica cuando propusieron elegir al próximo aspirante presidencial por consenso, sin molestarse en celebrar una convención interna.
Los alcaldes se presentan como expresión de la más pura democracia y convierten el localismo en virtud. Según Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, la intención es que el partido sea más democrático y «se tome en cuenta a las bases del pueblo». En realidad, los gobernantes locales son elegidos por un puñado de votos, en comicios con poca participación ciudadana y gran número de aspirantes, con lo cual se diluye el apoyo de cada uno en particular.
En Orotina, el PLN se adjudicó la Alcaldía con 2.700 votos, de 7.685 válidos. Dos tercios de esos sufragios se distribuyeron entre otras cinco agrupaciones participantes. En el cantón de San José, donde Liberación fue especialmente exitoso, la alcaldía se logró con 22.301 votos de 59.177 validos. Esa es la historia a lo largo y ancho del país.
Los alcaldes gobiernan sus cantones con toda la legitimación emanada de las reglas del sistema democrático, pero eso no les confiere la suprema representatividad reclamada para exigir al PLN una descomunal cuota de poder. A la fecha, la participación de gobernantes locales en todos los órganos del partido es amplia, quizá en exceso.
Liberación Nacional es una organización indispensable en un país donde el debilitamiento de las estructuras partidarias, en general, atomiza la política y dificulta la gobernabilidad. Ha sido, también, un partido indispensable para la construcción del modelo democrático costarricense. No es el único ni está exento de errores, pero la historia de los últimos 70 años debe muchísimo a su presencia.
Ese papel histórico no es producto del localismo, sino de una visión mucho más amplia, ni siquiera limitada por la extensión del territorio nacional; una visión capaz de escudriñar, más allá de las fronteras, los componentes de la modernidad, como lo confirman la vocación y cultura universal de don Pepe Figueres y otras grandes figuras del liberacionismo.
El contraste con la actualidad es muy grande y el PLN debe ver en el planteamiento de los alcaldes un riesgo existencial. El exdiputado y exministro Francisco Chacón lo resumió con claridad cuando comentó la primera manifestación de los gobernantes locales: «Esta declaración y sus objetivos resume lo que sería la toma del partido por los alcaldes o, lo que es lo mismo, la guía práctica para terminar de destruir un partido político».
Francisco Antonio Pacheco, exministro, expresidente del PLN y cuatro veces presidente legislativo, también lo advirtió: «El centro de gravedad del partido no puede recaer en los alcaldes, porque es nacional y tiene que incorporar distintas fuerzas y perspectivas nacionales».
