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“El Gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos importantes para lograrlo”. Con esta contundente frase, el Informe 2024 de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el país sigue siendo destino y lugar de tránsito para redes que lucran con la vulnerabilidad humana.
Ese informe toma rostro en historias como la de María, relatada en un reportaje de la periodista Natalia Vargas, publicado por La Nación el domingo 10 de agosto. María habría sido “comprada” a su mamá en la isla de San Andrés, Colombia, cuando tenía seis años. Una mujer se la trajo a San José con la promesa de darle educación y mejor vida, pero terminó atrapada en un círculo de explotación laboral doméstica, amenazas e insultos por su color de piel. El abuso se prolongó durante 48 años, hasta que decidió huir y denunciar.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma que este delito avanza. Entre enero de 2023 y julio de 2025, la Policía Judicial atendió 74 denuncias por presunto tráfico o trata de personas. Solo en los primeros siete meses de este año ya se contabilizan 26 casos, apenas dos menos que en todo el 2024.
Un ejemplo que permite dimensionar el problema es la infiltración en Costa Rica del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Esta banda, originaria de Venezuela, trasladó a al menos 20 mujeres –principalmente venezolanas en condición de vulnerabilidad– para explotarlas en locales de San José, Alajuela y Jacó. Prometía empleos legítimos y, una vez aquí, las sometía a deudas impagables, amenazas contra sus familias y encierros que las obligaban a prostituirse. El caso mostró la violencia de sus métodos, pero también la capacidad de estas redes para instalarse en suelo tico.
En mucho, favorece la debilidad de nuestro marco regulatorio. El abogado Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó que los locales se disfrazan detrás de permisos de pensiones, spas o salas de masaje. Calificó la regulación como “bastante torpe”, porque no existe una categoría comercial para establecimientos que ofrecen servicios sexuales.
Sería preferible dejarse de eufemismos y, como dijo Solano, establecer una figura clara –como la de casa de citas– bajo condiciones reguladas que permitan una supervisión efectiva para reducir la posibilidad de abusos y proxenetismo.
Rodrigo Alfaro, director regional de la Fuerza Pública de San José, reafirmó que los tratantes usan como fachada, en muchos casos, rótulos que anuncian servicios de masaje o de “terapia”: “Se escudan en esa clandestinidad para tener a las chicas retenidas y generar un negocio ilícito”.
Una agente de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que aunque la Municipalidad colabora, no hace lo suficiente. Cuando logran comprobar un uso indebido de una patente, el castigo es un cierre preventivo de 24 horas. Pasado ese lapso, el negocio reabre y todo continúa igual. Con semejantes vacíos, los dueños de los locales saben que la sanción es solo un trámite. El combate a la trata exige, además, seguir el rastro del dinero. Las organizaciones obtienen enormes beneficios económicos y solo atacando sus estructuras financieras es posible desarticularlas.
A ello se suma el avance de la venta de servicios sexuales por Internet. En foros y páginas web se comercia sin control con mujeres y hombres. “Pase fotos, tarifas y ubicación. El que no enseña, no vende...”, se lee en discusiones públicas donde la explotación se normaliza como si fuera un simple intercambio comercial. Internet permite que estas redes funcionen con impunidad, diversifiquen su clientela y amplíen su alcance.
Frente a este panorama, queda claro que el país necesita ajustes en su marco normativo para cerrar los portillos legales que aprovechan los tratantes. La trata de personas no solo destroza la vida de las víctimas, sino que es una amenaza directa a la seguridad nacional, pues fortalece el crimen organizado y lo conecta con otras formas de violencia que golpean a diario a nuestra sociedad.
Pero, además, quienes logran salir de estas redes requieren protección integral, acceso real a la justicia, acompañamiento psicológico, médico y social, y la restitución de derechos básicos, incluido el derecho a reconstruir su proyecto de vida. No basta con liberarlas de sus explotadores; hay que ofrecerles la posibilidad de sanar y rehacer su camino, como lo plantea la Fundación Rahab, que desde hace 28 años ayuda a mujeres víctimas de la trata, como María.
Corresponde entonces al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a las municipalidades proponer y aprobar la actualización de las leyes, crear categorías comerciales claras, garantizar sanciones efectivas, combatir la explotación en Internet y, sobre todo, no dejar a las víctimas sumidas en la indiferencia.
