“¿Qué tal es Juliana? Se ve pequeña y flaca, ¿sí es apuntada?”... “Me gusta ese lugar, suben los estados de las chicas en la mañana y en la tarde”... Comentarios como estos circulan en foros de internet donde, a diario, mujeres son vendidas en San José.
Aunque no es un fenómeno nuevo, en el último año y medio las denuncias y reportes confidenciales sobre trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo se duplicaron en la capital. Hoy, las redes de trata, cada vez más vinculadas al narcotráfico, dificultan la labor de las fundaciones que intentan rescatar a las víctimas, e infiltran, incluso, barrios adinerados y espacios cotidianos.
Algunas de las mujeres son jefas de hogar, mientras que otras ni siquiera son conscientes de que están siendo explotadas.
“Marilyn”, agente investigadora de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) —cuya identidad se resguarda por seguridad—, asegura que las alertas que recibe la Policía Judicial sobre estos delitos en la capital pasaron de un promedio anual de 100 casos, a una cifra que está entre 200 y 250 en el último año.
La agente atribuye el incremento a los fenómenos migratorios, de acuerdo con el perfil de mujeres que figuran como víctimas en las pesquisas.
“Tenemos una incidencia bastante elevada en cuestión de denuncias. Nos ha aumentado bastante la incidencia en este tipo de delitos, lo que es proxenetismo, que básicamente es una persona que lucra con la explotación sexual de una femenina o un masculino, y de la trata de personas, en la que se tienen que dar varios presupuestos, como la captación, reclutamiento, una promoción de la víctima”, aseguró.
En San José, de acuerdo con Marcelo Solano, director de la Policía Municipal del cantón Central, al menos 2.000 personas ejercían actividades sexuales como su principal oficio y 3.000 como actividad complementaria hace cinco años cuando se realizó el último censo. No obstante, en Costa Rica, el trabajo sexual no se tipifica como un delito y se diferencia de las situaciones de trata de personas y proxenetismo, que sí son penados por ley.
Más allá de los bares, hoteles, pensiones y salas de masajes en el casco central de la capital, donde se ejercen actividades de índole sexual y se sospecha que, en algunos casos, podría haber trata de personas, las organizaciones criminales han migrado a otros barrios para distanciarse de este foco de atención y buscar clientela que esté dispuesta a pagar más dinero.
Algunas operan en las inmediaciones de escuelas, residenciales e incluso en barrios históricamente considerados de alto perfil económico.
La investigadora del OIJ afirma que, en la actualidad, las organizaciones delictivas alquilan casas de habitación en sitios como Curridabat y Rohrmoser, en apariencia, para vivir; sin embargo, cuando la Policía Judicial inicia pesquisas tras una denuncia, descubre que dentro del inmueble hay mujeres víctimas de trata.
“Los lugares específicos son estos, como barrio Escalante, Rohrmoser, que son lugares donde ellos [proxenetas] creen que va a llegar un tipo de cliente con dinero. Clientes que no son de un perfil económico bajo, porque lo que ellos quieren es un incremento económico (...) Son lugares donde los clientes saben que van a pagar más de ¢50.000 por un servicio sexual”, añadió.
“Esto ha cambiado”, afirma Rodrigo Alfaro, director regional de la Fuerza Pública de San José, sobre la situación actual en la capital y el movimiento de las organizaciones hacia sitios más alejados del centro.
“Han proliferado otro tipo de actividades, como las salas de masajes, donde no hay un rótulo visible donde usted llegue y lo identifique desde la vía pública”, aseveró.
Coincide en que se trata de casas convencionales que, gracias a las redes sociales y páginas web, promocionan servicios como masajes o terapias, pero que, en realidad, funcionan como fachada para actividades delictivas.
“Se escudan en esa clandestinidad para tener a las chicas retenidas y generar negocio ilícito, que es lo que venimos persiguiendo las autoridades en el país”, dijo.
La clandestinidad y el anonimato, explica, les permiten operar en lugares donde rara vez se haya generado una situación de este tipo y donde no se sospecharía que se esté explotando mujeres.
Mamparas para la venta de servicios sexuales
El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes orquestó seis allanamientos en Los Yoses, barrio Escalante, Rohrmoser y Curridabat para desarticular una presunta organización que administraba salas de masajes que, en apariencia, eran mamparas para la venta de servicios sexuales.
El Ministerio Público detalló que los sospechosos contactaban mujeres en condición de vulnerabilidad y les hacían creer que serían empleadas de las salas de masajes, cuando en realidad iban a ser explotadas sexualmente y les cobrarían multas si no accedían a efectuar actos sexuales.
Uno de los locales se ubica a una cuadra del Parque Francia, cerca de concurridos restaurantes durante el día y la noche. En su portón, al menos hace algunos días, se veía aún una abolladura.
Tres días antes, el 8 de febrero, la misma fiscalía allanó dos locales comerciales ubicados en Los Yoses y barrio Escalante, así como dos residencias en El Carmen de Montes de Oca y en Villas de Ayarco, donde se presume, reclutaban mujeres para explotarlas en locales designados para ofrecer servicios de masajes.
El incremento en el reporte de estos casos coincide con las cifras que reporta la Fundación Rahab, dedicada, desde hace 28 años, a rescatar a mujeres que han caído en manos de organizaciones delictivas. Usualmente, en sus programas hay entre 30 y 40 personas; sin embargo, en la actualidad, son 60 mujeres quienes están ahí, intentando descubrir una “nueva vida”. Así lo indicó Marcela Barrantes, quien desde hace seis años se desempeña como trabajadora social en la Fundación.
“Es un número bastante alto (...) Muy particular”, añadió. Ella señala que este tipo de casos en barrios alejados del centro llaman la atención, ya que, con frecuencia, se habla del casco central o de los sitios donde se ejerce la actividad sexual remunerada y se sospecha que podría haber casos de trata.
“El hecho de que en barrios con cierto nivel adquisitivo se presenten estas situaciones puede ser una señal de que estas redes se están moviendo para ocultarse”, indicó.
A las puertas de la fundación han llegado mujeres víctimas de trata, explotadas en casas particulares, en las cercanías de escuelas o reclutadas en concurridos parques de la provincia.
Los especialistas consultados para este reportaje coinciden en que las víctimas, en su mayoría, son mujeres en situación de vulnerabilidad social, con baja escolaridad y en la búsqueda de ingresos para sostener a sus hijos. Muchas son madres solteras y jefas de hogar, algunas con hasta cuatro hijos a su cargo.
En ciertos casos, han llegado a normalizar su situación hasta el punto de no reconocer que están siendo explotadas. Según el OIJ, esto, aunado al temor que pueden llegar a sentir por los proxenetas, dificulta que presenten una denuncia.
“Marilyn” afirma que, la trata con fines sexuales y el proxenetismo están vinculados con la tenencia ilegal de armas, la legitimación de capitales y, cada vez con mayor frecuencia, el narcotráfico.
Por su parte, Marcela Barrantes agregó que, en la actualidad, el personal de la Fundación Rahab percibe la incursión del crimen organizado como nunca antes.
Investigadores enfrentan barreras
Por otro lado, “Marilyn” asegura que, pese que la municipalidad es colaboradora, no hace lo suficiente para perseguir los locales que desvirtúen sus permisos de funcionamiento y, cuando logran determinar que hay un uso incorrecto de la patente, imponen el cierre preventivo de 24 horas. Después de este tiempo, los dueños de los locales vuelven a abrir.
“Es una problemática que se nos sale al OIJ de las manos”, indicó.
Por su parte el director de la Policía Municipal de San José explica que persiguen locales con permisos de pensión, spa, sala de masajes, pero no hay un categoría comercial para los sitios que ofrecen servicios sexuales, por lo que califica la regulación como “bastante torpe”.
“Sería mejor para el control público que la municipalidad tenga una categoría comercial que se llame casa de citas, que se establezcan las condiciones y se permita la supervisión de la actividad sexual para disminuir la posibilidad de que hayan proxenetas o abusos sexuales”, indicó.
En San José, diversos establecimientos son señalados, entre rumores y sospechas, como posibles centros de trata de personas. No obstante, el OIJ se enfrenta a serias dificultades para investigar estos casos, ya que los propietarios de los locales imponen barreras que complican el acceso a la información.
En otras ocasiones, la discreción de las operaciones, llevadas a cabo en lugares donde ni siquiera los vecinos sospechan de lo que ocurre, imposibilita que las denuncias lleguen a las autoridades.
Mientras continúa el debate, en los foros, la venta de mujeres por internet es incesante. “Pase fotos, tarifas y ubicación. El que no enseña, no vende...”, se lee en una discusión en una página web.