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Resulta decepcionante, grave y preocupante la estrategia de choque que el presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus ministros insisten en utilizar contra los poderes Judicial y Legislativo. La temática preferida para animarla es la seguridad ciudadana, ámbito en el que más ha flaqueado el Ejecutivo y en el que existe mayor preocupación social.
Trasladar una parte importante de su culpa en la materia a esos otros actores estatales es una socorrida táctica para lavar cara. También lo es para desprestigiar instituciones clave del ordenamiento jurídico, que tienen entre sus funciones normar, equilibrar o poner freno al ejercicio del poder.
Su blanco actual es el Proyecto de Ley de Ejecución de la Pena y de Medidas de Seguridad Curativa, tramitado bajo el expediente 24.019 y aprobado en segundo debate el 19 de este mes por 33 de los 39 diputados presentes. Enfrenta un veto inminente de Chaves y no hay certeza de que existirán los votos y el tiempo necesarios para resellarlo.
Fue producto del esfuerzo conjunto, iniciado en enero de 2024, de equipos del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial. Convertido en propuesta de ley, en octubre del mismo año recibió un dictamen unánime de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, votó a favor.
Su objetivo, en esencia, es establecer normas claras y predecibles, con ámbitos de acción bien definidos entre la administración penitenciaria y los jueces de ejecución de la pena, sobre cómo deben cumplirse las sanciones de privación de libertad. En ninguna circunstancia contempla flexibilizar reglas u otorgar tratos especiales a los reclusos.
Lo que dispone, por una parte, es que cualquier beneficio o petición de libertad condicional cuente con una resolución fundamentada, sujeta a los correspondientes recursos de apelación. Por otra, busca que la ejecución de las penas contribuya a la reinserción social de los sentenciados, que estos tengan acceso a la justicia y que se verifique el respeto a sus derechos elementales en los centros penitenciarios.
En la actualidad, todo ello se define mediante reglamentos y circulares administrativas, no por medio de una legislación específica, lo que genera inestabilidad en las políticas a aplicar. Tal como argumentamos el 6 de enero de 2025, en nuestro editorial “54 años de retraso”, esta situación obliga a los tribunales a ejercer su autoridad de acuerdo con las normas jurídicas generales, algo a todas luces inconveniente.
El retraso ya suma casi 26 años, porque desde su aprobación, en 1970, el Código Penal estableció, en su artículo 51, que las penas de prisión deberían cumplirse “en la forma en que una ley especial lo determine”. Es algo en lo que ha insistido, desde hace varios años, la Sala Constitucional.
El proyecto aprobado en segundo debate pretende, precisamente, cumplir con ese mandato y llenar el añejo vacío. Sin embargo, desde diciembre de 2024, tras su aval unánime en comisión, el presidente le retiró su apoyo. Rehusó incluirlo en las agendas de las sesiones legislativas extraordinarias, bajo la excusa de que es “un mamotreto”. Olvidó que su paternidad era compartida, entre otros, por especialistas del Ejecutivo.
Esta súbita falta de respaldo retrasó su avance en el plenario, pero, al fin, logró respaldo de sobra para ser aprobado, esta vez sin el apoyo de la fracción oficialista.
El 18 de este mes, durante su puesta en escena de los miércoles, Chaves anunció que lo vetará. Junto a él, Gerald Campos, ministro de Justicia, pese a su aval previo, lo calificó como un “proyecto del Poder Judicial”, destinado a “legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico”.
Nada más alejado de la realidad. Sin embargo, lo que parece importar no es la verdad de los hechos, sino la insistencia en un relato ficticio, que atribuye el deterioro en la seguridad a otros actores estatales, pretende exonerar al Ejecutivo de sus propias fallas e, incluso, ponerlo como víctima, porque “no lo dejan hacer”.
Campos tiene en cartera otro proyecto. Ya ha recibido críticas de especialistas, y deberá emprender un nuevo trayecto. Pese a la mayoría legislativa que tendrá la presidenta electa, Laura Fernández, a partir del 1.° de mayo, su eventual trámite será lento. Deberán realizarse múltiples consultas que, casi inevitablemente, obligarán a enmiendas. Es decir, más retrasos, y sin garantías de un buen resultado.
Como sociedad, hemos desperdiciado cuatro años más en cumplir con el mandato y solventar la necesidad de contar con una ley específica para enmarcar las políticas penitenciarias. Por desgracia, todo indica que falta mucho más para ponernos al día.
