La propuesta Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas fue aprobada en primer debate el pasado 16 de febrero, con 32 votos a favor y 8 en contra. Inicialmente, el expediente 24019 logró avanzar gracias a un consenso alcanzado entre los tres poderes de la República. No obstante, desde finales del año 2024, Chaves le había retirado su respaldo al texto, desconvocándolo del periodo de sesiones extraordinarias y calificándolo de mamotreto.
Aún está pendiente la aprobación del proyecto en segundo debate. Una vez superada esa etapa, el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su firma y publicación; hasta ese momento, el presidente Rodrigo Chaves podrá ejercer su potestad de veto sobre la iniciativa.
Poder Ejecutivo vetará el proyecto de ley que busca regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados
El ministro de Justicia, Gerald Campos, adelantó que ya están preparando el veto.
“Acaban de aprobar la Ley de Ejecución de la Pena, proyecto del Poder Judicial, para legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico”, reclamó el jerarca, durante la conferencia de prensa semanal del gobierno, desde la Casa Presidencial.
Campos también cargó contra los jueces de ejecución de la pena, al describirlos como “uno de los principales opositores a las medidas que ha tomado este gobierno”. Igualmente, reclamó que la Asamblea Legislativa le convocara para que se refiera al proyecto del Poder Ejecutivo del sistema penitenciario, “cuando ya aprobaron el de ejecución de la pena”.
La propuesta pretende establecer reglas claras sobre cómo deben cumplirse las condenas dictadas por los jueces, así como fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema penitenciario. Además, busca garantizar que la ejecución de la pena contribuya a la reinserción social de los sentenciados.
En diciembre del 2024, Chaves retiró el apoyo y descalificó el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena , pese a que su propio gobierno lo impulsó en la Asamblea Legislativa. Incluso, la jefa de fracción oficialista, la diputada Pilar Cisneros, defendió la iniciativa y la votó a favor en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
