La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad curativas, una iniciativa que será vetada, según adelantó el presidente Rodrigo Chaves.
La propuesta fue aprobada con el voto de 33 legisladores, mientras que seis diputados votaron en contra: los oficialistas Pilar Cisneros, Manuel Morales, Paola Nájera, Ada Acuña y Jorge Rojas, así como Carolina Delgado, del PLN.
Se trata del expediente 24.019, presentado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, con base en una propuesta construida directamente por el Poder Judicial. La propuesta tiene como objetivo regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales de justicia, conforme con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
La propuesta pretende establecer reglas claras sobre cómo deben cumplirse las condenas dictadas por los jueces, así como fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema penitenciario. Además, busca garantizar que la ejecución de la pena contribuya a la reinserción social de las personas sentenciadas.
Chaves se opone
Ahora, el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su firma y publicación; sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves anunció, el pasado 18 de febrero, que vetará ese proyecto de ley. De hecho, ya había lanzado la amenaza desde inicios de diciembre de 2024.
Una vez que el mandatario imponga el veto, la Asamblea podrá resellar el proyecto de ley si cuenta con una mayoría de 38 votos; o bien, deberá acatar la decisión del presidente.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, adelantó que ya están preparando el veto.
“Acaban de aprobar la Ley de Ejecución de la Pena, proyecto del Poder Judicial, para legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico”, reclamó el jerarca, durante la conferencia de prensa semanal del gobierno, desde la Casa Presidencial.
En diciembre del 2024, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, retiró el apoyo y descalificó el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena , pese a que su propio gobierno lo impulsó en la Asamblea Legislativa. Incluso, la jefa de fracción oficialista, la diputada Pilar Cisneros, defendió la iniciativa y la votó a favor en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
En conferencia de prensa, Chaves aseguró que había decidido desconvocar el proyecto de ley porque es “un mamotreto” creado por la diputada independiente Gloria Navas y la presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.