Editorial

Editorial: Lenta reacción frente al acoso

En lo que va del año, la Sala Constitucional ha dictado tres condenas contra la UCR por tardanza en la resolución de denuncias

En mayo del 2019, organizaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico se declararon en emergencia por la violencia sexual en esos centros de enseñanza. En agosto de ese año, el Consejo Universitario de la UCR reformó el reglamento institucional contra el hostigamiento sexual con el fin de castigar esa conducta con más severidad.

El Consejo también reforzó la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (Cichs) para aumentar su membrecía de seis a nueve personas. Así, dijo, las denuncias se atenderían «más estrictamente». No obstante, en lo que va del año, la Sala Constitucional ha dictado tres condenas por tardanza en la resolución de denuncias. La UCR demora hasta 28 meses en resolver los casos y, en promedio, el trámite tarda nueve meses.

Gustavo Gutiérrez, rector desde enero, calificó la tardanza de «injustificable» y admitió la acumulación de procesos por razones que, según su criterio, son fáciles de resolver si se aumenta la jornada del abogado de la Comisión o se dota al órgano de un espacio fijo para celebrar audiencias.

Si las carencias son así de básicas y el nuevo rector las tiene en mente, no tardarán en ser resueltas, pero dice mucho sobre la consideración brindada al acoso sexual en nuestro país que la más antigua casa de enseñanza superior esperara hasta finales del 2021 para ocuparse de ellas. La cultura proclive al acoso tiene ramificaciones en las estructuras organizacionales del sector público y el privado. En las universidades, el problema también es de vieja data, pero allí tenemos derecho a esperar menos complacencia y más firmeza institucional en las reacciones.

Preocupa, por otra parte, la respuesta de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. No es correcto evaluar la duración de los procesos porque el enfoque de su trabajo «no es de carácter cuantitativo», afirma. «La suma de los casos simplifica la naturaleza misma y la especificidad de cada estudio. Por esta razón, para poder tener una correcta comprensión de la dinámica de trabajo de la Cichs sería necesario ahondar en las particularidades de cada expediente, lo que por razones legales nos está vedado», dice la Comisión.

En otras palabras, la materia es tan compleja que los casos duran cuanto duran, y para que los ciudadanos y la comunidad universitaria entiendan los motivos sería necesario informarles del detalle de los expedientes, pero, según la Comisión, eso no está permitido. En consecuencia, debemos conformarnos con su dicho y hacer votos por que las declaraciones del rector tengan fundamento pese a su desconocimiento de los expedientes.

El valor y persistencia de las denunciantes ha logrado significativos avances. Las protestas organizadas para visibilizar la violencia, como las de mayo del 2019, también merecen reconocimiento. Quizá el acoso en las universidades no sea más frecuente que en otras instituciones, pero de ellas se espera liderazgo, no rezago. Salvo la materialización de las mejorías prometidas por el rector, será necesario insistir.

En toda la sociedad hay manifestaciones frecuentes del machismo que excusa las transgresiones y hasta intenta disfrazarlas de galantería y tradición. Como dueños de nuestra cultura y agentes de su evolución, no debemos pasar por alto ninguna oportunidad para rechazar la agresión contra la mujer y reprimir las conductas desviadas. Las universidades deberían estar al frente del proceso de cambio y no cubrir sus falencias con el velo del secreto.