Sala IV obligó a UCR a notificar a catedrático denunciado por hostigamiento sexual
Fallo ordenó informar al docente Minor Salas de proceso en su contra, casi dos años después de abierto el expediente. Fue la tercera llamada de atención en 2021
El catedrático Minor Salas en un conversatorio sobre pena de muerte realizado en la Universidad de Costa Rica (UCR), en 2008. Fotografía de Mónica Bolaños tomada de la página web de la UCR.
Según informó el medio universitario 'Interferencia', una estudiante de apellido Hernández denunció a Minor Salas el 19 de noviembre del 2019 por hechos que habrían ocurrido cinco años atrás, relacionados con presuntos insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales por parte del catedrático. Foto tomada del sitio web de la UCR.
La Sala Constitucional condenó a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la obligó a notificar al catedrático Minor Salas, de la Facultad de Derecho, del procedimiento por aparente hostigamiento sexual planteado en su contra, pues se había demorado dos años en realizar ese trámite desde que se reportó la supuesta agresión.
Una exalumna de apellido Hernández denunció a Salas en noviembre del 2019 por presuntos insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales, y todavía en agosto del 2021 el académico seguía sin haber sido informado formalmente del proceso, según reveló el medio de comunicación universitario Interferencia.
La falta de notificación ocasionó que la denuncia de Hernández permaneciera engavetada durante año y medio, hasta que ella planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Los magistrados le dieron la razón y, en agosto pasado, ordenaron a la UCR notificar a Salas en un plazo máximo de 15 días, para que el proceso finalmente pudiera avanzar.
Durante el trámite del recurso de amparo (expediente 21-014701-0007-CO), la Universidad alegó que los plazos procesales de las denuncias se congelaron entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, a causa del cierre institucional de fin de año, y luego desde marzo hasta junio del 2020, a causa de la pandemia de la covid-19.
La institución alegó que a partir de ese momento intentó notificar a Salas sin conseguirlo, debido a que el funcionario estaba en teletrabajo y constantemente presentaba certificaciones de incapacidad por motivos psiquiátricos. Los magistrados constitucionales, no obstante, consideraron que dichos argumentos no eran de recibo.
“(...) Tratándose de este tipo de denuncias, el plazo sin que se haya realizado al menos la notificación del auto inicial no resulta de recibo, más aún, cuando se observan largos períodos de inacción. Esta omisión, sin duda, ha incidido en el derecho de la recurrente de lograr obtener una justicia pronta”, dictó la Sala IV en una sentencia emitida el pasado 27 de agosto.
La Universidad notificó a Salas el martes 21 de setiembre a las 5 p. m., según lo confirmó la institución en un comunicado de prensa.
Este medio procuró consultar a Boris Molina, abogado de Salas, sobre el caso y la reciente notificación del mismo. Sin embargo, al cierre de este artículo, no fue posible entrevistarlo.
Según informó el medio Interferencia, la estudiante de apellido Hernández denunció a Minor Salas el 19 de noviembre del 2019, por hechos que habrían ocurrido cinco años atrás. Ella fue parte de un grupo de alumnas y exalumnas quienes, en mayo del mismo año, denunciaron públicamente presuntos actos de acoso por parte del catedrático, entre el 2014 y el 2018.
A raíz de dichas manifestaciones, la Facultad de Derecho inició un proceso disciplinario contra Salas, el cual fue archivado en noviembre del 2019 por la Rectoría universitaria, al considerar que no existió “un ejercicio mínimo de investigación preliminar” antes de la presentación de la denuncia.
En agosto del 2019, la UCR le impuso a Salas una suspensión de ocho días por escribirle a una estudiante de 20 años que quería verla en calzones, entre otras manifestaciones.
La Universidad de Costa Rica tarda, en promedio, 9,4 en resolver las denuncias de hostigamiento sexual que presentan sus funcionarios y estudiantes. Sin embargo, algunos procesos se extienden más allá de un año, e incluso han llegado a sobrepasar los 20 meses.
Gustavo Gutiérrez, rector de la casa de enseñanza, afirmó que la UCR recibió las resoluciones constitucionales “con toda la responsabilidad del caso”, y que procedió a conformar un comité asesor para reducir la brecha de género y tomar medidas para prevenir el hostigamiento en la institución.
Además, afirmó que espera “a muy corto plazo” reducir el tiempo de tramitación de las denuncias por hostigamiento sexual: “Debo admitirle que todavía estamos con procesos muy lentos por el acumulado de casos que se tenían. Para mí no es justificable un promedio de 13,7 meses, me parece que eso es mucho”.
“Hay que ponernos al día y luego resolver a tiempo, para mí seis meses es un tiempo suficiente para resolver cada una de estas situaciones”, añadió el jerarca.
Tercera condena del 2021
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Esta condenatoria es la tercera que ha dictado la Sala Constitucional en el 2021, por el mismo motivo.
El mismo 27 de agosto, los magistrados constitucionales le dieron la razón a otra estudiante cuya denuncia contra un docente de la Escuela de Administración de Negocios seguía en trámite un año después de que ella la presentara, sin que el órgano tramitador hubiera siquiera señalado una fecha para la audiencia oral del caso.
Y en abril, la misma Sala condenó a la Universidad por dejar pasar un año y medio sin resolver la queja por acoso sexual que planteó, en agosto del 2019, una estudiante de posgrado en Medicina.
En el trámite del segundo recurso de amparo resuelto el 27 de agosto, la Universidad alegó que la demora en el caso se debe a que la estudiante denunció los hechos durante el cierre institucional de medio año y justo cuando entró en vigor el nuevo reglamento institucional contra el hostigamiento sexual.
La Universidad argumentó además que, a causa de la pandemia de la covid-19, la audiencia oral del caso que estaba prevista para el 22 de junio, tuvo que reprogramarse para el mes de setiembre.
Los magistrados no admitieron ninguno de esos alegatos. En la sentencia, afirmaron que para el momento en el que el nuevo reglamento entró a regir, la denuncia tenía ya dos meses de haber ingresado, sin que la institución hubiera hecho nada por tramitarla. También sentenciaron que “no es dable obligar a un administrado a sufrir las falencias de la normativa institucional”.
