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Los narcotraficantes compran conciencias en todos los poderes de la República, afirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, ante la Comisión Especial Investigadora de la Penetración del Narcotráfico en la Zona Sur. La prueba abunda a lo largo de los últimos 35 años.
Las grandes comisiones legislativas investigadoras de la infiltración del narcotráfico en los años ochenta lo comprobaron. Encontraron nexos con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como con los gobiernos locales. Desde entonces han surgido casos e indicios como recordatorios del peligro constante. El país supo reaccionar a tiempo y puso coto a la influencia del crimen organizado, no sin sufrir graves traumas en los más altos niveles de autoridad.
Las primeras comisiones legislativas se distinguieron por su valor y profundidad de las investigaciones, pero Espinoza lanzó su advertencia ante un grupo a punto de cerrar, sin resultados, el debilísimo esfuerzo para examinar la penetración del narcotráfico en la zona sur. Si los diputados tenían dudas, el jefe policial las aclaró al revelarles la existencia de estructuras delictivas bajo investigación en esa parte del país.
El 28 de setiembre, con seis votos a favor y uno en contra, la comisión dio su trabajo por terminado para pasar a la etapa de redacción de un informe, seguramente intrascendente, sin entrevistar, por ejemplo, a los sospechosos de integrar una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero que visitaban el Congreso con frecuencia. Los investigados tuvieron la ayuda del diputado socialcristiano Óscar Cascante para impulsar diversas gestiones en instituciones públicas.
El desinterés de los integrantes de la Comisión quedó de manifiesto cuando declararon su preferencia por utilizar el tiempo dedicado a la investigación para atender otros asuntos y participar en otras comisiones parlamentarias. La Asamblea Legislativa habría actuado mejor si se hubiera abstenido de abrir la investigación en lugar de comenzarla sin ánimo, aparentemente con el fin de responder, en el momento, a los cuestionamientos surgidos por las frecuentes visitas de los sospechosos al Primer Poder de la República.
La Comisión también tenía el objetivo de esclarecer las relaciones de Darwin González, sospechoso de liderar una banda de la zona sur, con miembros de la Municipalidad de Corredores y la visita del diputado liberacionista Gustavo Viales al condominio donde González fue detenido para retirar un documento enviado por un regidor, también investigado por el OIJ.
El presidente, Carlos Alvarado, criticó a los diputados por sepultar la investigación y los instó a revelar las conexiones entre políticos y grupos sospechosos, en vez de hacer un «show», como algunos de ellos lo han llamado con ánimo crítico. El mandatario puso el ejemplo de las comisiones de los años ochenta y señaló asuntos cuyo esclarecimiento urge en la actualidad.
Según su criterio, en los hechos recientes, «se vio claramente la mano del narcotráfico tratando de meterse en la política, y eso es inaceptable». Instó a los diputados a investigar a fondo «porque es su responsabilidad». A manera de ejemplo de los nexos por esclarecer preguntó quién le presentó a los sospechosos al diputado Cascante y si esas personas tienen vínculos con la política.
El país no debe dejarse confundir por la pirotecnia legislativa y presuponer que la investigación se dio. Realmente no la hubo y la inquietante pregunta sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones nacionales sigue en pie. La insatisfacción del proceso sumariamente cerrado es un acicate para hacer nuevos intentos de encontrar respuestas.
