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Los problemas de capacidad, calidad, mantenimiento, remodelación y construcción de infraestructura educativa son crónicos. El país los arrastra desde hace tiempo y poco se ha avanzado en su solución.
Hace años, gracias a un fideicomiso financiado por bancos de desarrollo internacionales, las universidades públicas lograron mejorarla considerablemente. En primaria y secundaria, sin embargo, los rezagos son enormes, y el congelamiento presupuestario del Ministerio de Educación Pública, aunado a otros problemas, no augura un buen futuro.
El presupuesto elaborado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para 2027 suma ¢2,7 billones (millones de millones), incluyendo las asignaciones a la educación superior. Su incremento respecto al actual, en términos nominales, es de apenas ¢300 millones. En relación con el producto interno bruto (PIB), sin embargo, baja ligeramente, al 4,85%, de 4,9% en 2025. Así, su distancia respecto al 8% contemplado por la Constitución no ha revertido la tendencia decreciente.
Tal como lo manifestó el jerarca de la cartera, Leonardo Sánchez Hernández, el monto final será determinado en la Asamblea Legislativa entre setiembre y octubre próximos. Sin embargo, nada indica que llegue a aumentar. Más bien, si la situación fiscal continúa deteriorándose, podría reducirse.
Entretanto, según datos del MEP, 879 centros educativos enfrentan órdenes sanitarias por problemas de infraestructura. Si bien 151 tienen categoría verde por daños o rezagos menores, 620 alcanzan la categoría amarilla, indicativa de problemas mayores que, aunque no representan amenazas a la seguridad, deben corregirse con prontitud. Las rojas llegan a 108. Estas sí implican riesgos críticos para la integridad de sus ocupantes. Por ello, necesitan una intervención profunda y urgente. Algunas están en marcha, pero con lentitud.
Sabemos que la situación fiscal es precaria. Sabemos que las necesidades y rezagos en materia educativa son enormes. Todo esto confronta a las autoridades del Ministerio con el desafío de repartir escasez, tarea muy difícil. El programa Estado de la Educación identifica serias debilidades en cobertura y equidad educativa, en calidad y nivelación de los aprendizajes y en idoneidad del cuerpo docente. En 2024, por ejemplo, 1.178 centros (32% del total) no ofrecían el currículum completo. Su principal vacío estaba en las asignaturas complementarias, esenciales para la formación integral de los estudiantes.
La educación resulta clave para el desarrollo humano y el progreso socioeconómico. Su estancamiento o –peor aún– su retroceso implica un enorme golpe presente y, sobre todo, futuro, para el conjunto de nuestra población. Por esto, el MEP debería ser un receptor prioritario de recursos, aunque bajo parámetros de eficiencia. Esto obligaría a un manejo estratégico del Presupuesto Nacional, lo que, por desgracia, no se ha dado. Al contrario, las reducciones ordenadas han sido, esencialmente, indiscriminadas.
Dentro de las múltiples carencias, los problemas de infraestructura son particularmente urgentes. No solo afectan los entornos educativos, que requieren de condiciones adecuadas para estimular el aprendizaje. En los casos extremos, implican riesgos para la salud e integridad de las personas. Y no hablamos solo de los problemas estructurales, sino también de los relacionados con higiene, ventilación, iluminación y acústica.
Las Juntas de Educación, como instancias de las comunidades que coadyuvan en múltiples tareas, son particularmente importantes para el adecuado mantenimiento físico.
En teoría, por su mayor cercanía, interés y flexibilidad, pueden actuar de manera más oportuna y eficiente en impulsar mejoras y evitar deterioros. Pero sus presupuestos son muy bajos y, peor aún, según ha expuesto la Defensoría de los Habitantes, la mayoría de sus miembros carece de formación en construcción y contratación pública. La conclusión es que el modelo de gobernanza ha fallado desde hace años y no se ha reformado.
No existen soluciones fáciles, pero sí abordajes que deben desarrollarse para alcanzarlas. Primero, dar al presupuesto del MEP el carácter estratégico que merece. Segundo, tener prioridades y metas claramente establecidas, divulgarlas, medirlas y rendir cuentas sobre su avance. Tercero, adaptar su anquilosada estructura organizativa a los retos contemporáneos, tanto urgentes como estructurales. Como elemento transversal, ser muy conscientes de que nada de lo anterior será suficiente si no se mejoran los procesos educativos, principal razón de ser del sistema.
Sin desatender otros retos, el de la infraestructura educativa debe abordarse con rapidez y buenos planes. En cada inmueble, convive la comunidad educativa. La calidad de esa convivencia es clave; más aún, su seguridad. Las luces rojas tantas veces encendidas por el Ministerio de Salud deben conducir a la acción.
