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El curso lectivo 2026 inició con 389 centros educativos que mantienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados, según un informe técnico remitido por la Defensoría de los Habitantes al Ministerio de Educación Pública (MEP).
La entidad advirtió que la situación constituye una amenaza para el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras, además de evidenciar problemas estructurales en el modelo de gestión de la infraestructura educativa del país.
El MEP rechazó los datos consignados en el informe de la Defensoría y aseguró que no reflejan la situación actual de la infraestructura educativa del país.
De acuerdo con el informe, el MEP acumula actualmente 871 advertencias sanitarias en centros educativos de todo el país. De ellas, 101 se encuentran catalogadas en “categoría roja”, lo que implica un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La mayoría de estos casos se concentra en la provincia de Limón.
El 24 de febrero, durante el acto de inauguración del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, detalló que, en el caso de las advertencias “rojas”, el MEP ha recurrido al alquiler de locales o espacios habilitados para garantizar la continuidad del servicio educativo.
“El hecho de que haya una orden sanitaria no significa necesariamente que las lecciones deban suspenderse. El 90% de las órdenes no corresponden a daños estructurales graves que impidan el acceso", explicó Sánchez.
De hecho, en esa ocación el ministro señaló que la totalidad de estos casos ya contaban con un proyecto asociado, ya sea en etapa de diseño, adquisición de terreno o ejecución de obra. No obstante, no indicó cuántos locales fueron alquilados, ni si la medida cubre a todos los centros educativos con cierres parciales o completos.
“Este año empezamos con el tema de la inversión en mantenimiento para evitar que se den nuevas órdenes sanitarias”, concluyó el jerarca, quien anteriormente confirmó que para el 2026 el presupuesto de Educación destinado a infraestructura educativa será de ₡35.550 millones, monto que se espera invertir en construcción, mantenimiento, compra de terrenos y mobiliario.
Informe de la Defensoría
La Defensoría sostiene que el problema no responde únicamente a limitaciones presupuestarias o de planificación, sino a un modelo de gobernanza que delega en las juntas de educación y juntas administrativas la responsabilidad de ejecutar proyectos de infraestructura, pese a que estas están integradas por personas voluntarias sin formación especializada en construcción o contratación pública.
Según el informe, este esquema ha provocado que miles de millones de colones permanezcan inmovilizados en cuentas bancarias mientras persisten centros educativos con obras inconclusas que se remontan a proyectos iniciados desde 2013 y 2015.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, afirmó que el modelo actual se encuentra agotado y requiere una reingeniería que traslade la responsabilidad de la infraestructura escolar al propio Ministerio de Educación Pública, mediante la Dirección de Infraestructura Educativa (DIEE).
Las causas de la crisis
El análisis identifica cuatro problemas estructurales que explican el deterioro de la infraestructura educativa.
- Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.
- Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.
- Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.
- Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.
Recomendaciones
Ante este panorama, la institución recomendó al MEP elaborar una programación decenal de infraestructura para el periodo 2026-2035, que establezca qué centros educativos serán intervenidos, cuánto costarán las obras, cuáles serán sus fuentes de financiamiento y los plazos previstos para su ejecución.
Asimismo, planteó devolver al Estado la responsabilidad integral sobre la construcción y mantenimiento de escuelas y colegios, de forma que las juntas de educación mantengan un papel de vigilancia y control social, pero no la ejecución de proyectos constructivos.
MEP rechaza informe de la Defensoría
Según la institución, actualmente todos los centros educativos que mantienen órdenes sanitarias vigentes cuentan con una gestión, proyecto o ruta de atención orientada a resolver las deficiencias identificadas.
El MEP también afirmó que durante los últimos cuatro años logró reducir en más de un 20% la cantidad de órdenes sanitarias vigentes mediante intervenciones ejecutadas en centros educativos de todo el país.
Además, defendió que cuenta con una Política Nacional de Infraestructura Educativa y con una metodología estandarizada para la planificación y priorización de proyectos.
“Resulta fundamental que cualquier valoración sobre el estado de la infraestructura educativa nacional se realice con base en información oficial y actualizada del Ministerio de Educación Pública”, señaló la institución.
