14 septiembre

El testimonio de los integrantes de la Comisión Técnica ad hoc encargada de supervisar las compras y donaciones de mascarillas, guantes, gorros, batas y respiradores, entre otros suministros necesarios para enfrentar la pandemia en la Caja Costarricense de Seguro Social, profundiza las razones para examinar los procesos de contratación de la entidad sanitaria, cuyo volumen de compras no tiene rival.

Esteban Vega de la O, gerente interino de Logística, disolvió la comisión en el marco de un “proceso de reordenamiento” de las compras de equipo de protección personal para los encargados de atender pacientes afectados por el nuevo coronavirus. Esa tarea es prioritaria sin lugar a dudas, pero la institución está urgida de ajustes más ambiciosos. Las fallas en la compra y el suministro de bienes requeridos por la emergencia sacaron a flote deficiencias manifiestas en compras rutinarias del pasado.

La Caja, donde las anomalías en materia de adquisiciones afloran periódicamente, ha sido, al mismo tiempo, uno de los bastiones de la resistencia contra la adopción del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Al calor de los traspiés más recientes, la Junta Directiva pidió a la Gerencia General presentar, este mes, una propuesta de ingreso al sistema.

La decisión es alentadora, no solo por la incorporación al Sicop de una institución tan importante, sino por el ejemplo brindado a otras entidades todavía rezagadas. Según estudios de la Contraloría General de la República, las instituciones integradas al Sicop tardan 89 días menos, en promedio, para adquirir bienes y servicios. En el caso de las licitaciones abreviadas, el ahorro es de 23 días.

Al aumento en la eficiencia se suman las economías conseguidas por el sistema de subasta a la baja, en cuyo marco los proveedores compiten al presentar la mejor oferta en calidad y costo. Esas ventajas solo son posibles cuando los procesos son abiertos y están sometidos al escrutinio público. Los propios oferentes se convierten en fiscalizadores y cualquiera puede asomarse al sistema para constatar la corrección de los procedimientos. Así, se limitan, además, los terribles costos de la corrupción.

Solo en el 2017, la Contraloría contabilizó un ahorro del 20,8 % en las compras estatales que le fueron reportadas. Es el equivalente al 0,8 % del producto interno bruto de ese año, es decir, ¢299.000 millones. El ahorro habría ascendido casi al doble, unos ¢514.000 millones, si las compras ejecutadas mediante los sistemas propios de cada institución se hubieran tramitado mediante el Sicop.

A estas alturas del siglo, la Administración Pública no ha terminado de librarse de los trámites en papel y de la injustificable dispersión de métodos y sistemas para contratar bienes y servicios. Uno de los elementos primordiales del gobierno digital es, precisamente, el orden y la transparencia en las compras públicas. Unido al proyecto de Hacienda Digital, financiado con un préstamo del Banco Mundial por $156 millones, el avance tecnológico repercute en los dos frentes de la ecuación fiscal: gastos e ingresos.

Es hora de decidirnos, de una vez por todas, por la digitalización del gobierno con iniciativas uniformes, para reemplazar la dispersión e incoherencia, en sí misma fruto de negociaciones muchas veces cuestionables. La aceleración del proceso de inserción de la Caja en el Sicop es buena para la institución y para la institucionalidad. Ojalá la Junta Directiva insista en el cumplimiento de su acertada decisión y, así, rescate un enorme beneficio entre el cúmulo de errores de las últimas semanas.