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La ampliación de los 107 kilómetros de carretera entre el cruce de Río Frío y Limón difícilmente concluirá en la fecha prevista, luego de una prórroga solicitada por la empresa constructora. A estas alturas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo ha tomado posesión de 83 de los 523 terrenos necesarios para concluir la obra.
Los responsables ajustan planos para reducir la cantidad de expropiaciones hasta donde sea posible y muchos propietarios permiten el uso de sus terrenos mientras se concluyen los trámites, pero tener, a estas alturas, únicamente el 16 % de las expropiaciones inicialmente requeridas es la más fehaciente demostración de la falta de previsión característica de nuestros procesos de desarrollo de obras.
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El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, no duda en atribuir los atrasos y los desacuerdos con la empresa CHEC, encargada de la ampliación de la ruta 32, a la falta de planificación antes de la orden de inicio, emitida en noviembre del 2017. La contratación se hizo «sin tener la menor idea de cómo iba a ejecutarse y qué iba a ejecutarse», dijo el alto funcionario.
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Según datos de la Unidad Ejecutora, al 15 de diciembre, la carretera presentaba un avance del 37 % y si hiciera falta abonar argumentos para acreditar la falta de planificación, bastaría con señalar los constantes reclamos por cambios de diseño y traslado de servicios públicos.
Los señalamientos del ministro no constituyen novedad. El caos en la contratación y ejecución de la obra se advertía años antes de la orden de inicio. El 26 de febrero del 2015 nuestro editorial señalaba: «La carreta va detrás de los bueyes. Más allá de lo que pase con los acuerdos para ampliar la ruta 32, es preciso recordarlo de ahora en adelante. El empréstito fue sometido a consideración de la Asamblea Legislativa sin antes despejar importantes dudas sobre el diseño de la carretera y la ejecución de las obras».
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Parte de las dudas en aquel momento se relacionaban, precisamente, con el traslado de los servicios públicos, incluidos los ductos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, la fibra óptica y las líneas de distribución de energía del Instituto Costarricense de Electricidad, así como las tuberías de Acueductos y Alcantarillados, entre otras.
También se advertía de la falta de claridad sobre cuál de las partes debía asumir el costo de algunas obras y la certeza de los acuerdos con la empresa china. En estos momentos, el MOPT y la constructora siguen enfrentados por el costo de reparar 33 viejos puentes. CHEC solo acepta la obligación de construir los nuevos, pero el contrato, según el MOPT, también la obliga a arreglar los existentes. El desacuerdo podría desembocar en un arbitraje internacional.
«Las expropiaciones y los cambios en el diseño de las obras dificultaron por mucho tiempo el avance satisfactorio del proyecto. Sin embargo, en los últimos meses, CHEC y las autoridades estatales han mantenido una comunicación oportuna que ha permitido una mejora significativa en este tema», afirmó la constructora.
La falta de equipos de alto nivel técnico para planificar, ejecutar y dar seguimiento a las obras públicas aqueja al país desde hace muchos años. En la actualidad, la necesidad de corregir esas deficiencias es apremiante. La inversión en infraestructura encara una grave escasez de recursos producto de la crisis fiscal, y si la estrechez presupuestaria conspira con la imprevisión señalada por el ministro, nos esperan tiempos muy difíciles también en esta materia.
