El narcotráfico sabe aprovechar cada puerta que el Estado deja abierta. Desde hace varios años encontró una en los mínimos controles que ejerce el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el subsidio de combustible destinado a empresas y pescadores honrados. Así, logró convertir un beneficio público en una fuente de abastecimiento para sus operaciones delictivas.
Uno de los casos más recientes es el de la embarcación pesquera Sol de Oro VI, la primera en ser interceptada con cocaína líquida. Los cuatro tripulantes costarricenses transportaban 560 kilos en barriles plásticos, además de 95 paquetes de cocaína sólida provenientes de Colombia. El dato más sorprendente es cuánto se ahorraron los propietarios de este barco mediante subsidios durante tres años: al menos ¢70 millones.
Por eso, una vez más, cabe preguntarse cuándo parará esto. ¿Cuándo se le cerrará al crimen organizado el acceso a un incentivo financiado por los costarricenses?
La lógica indica que es urgente reformar la Ley 7.384 para dotar al Incopesca de más herramientas de control y lograr que, por fin, cumpla lo que desde 1994 dicta esa norma: “El Instituto se encargará de la administración y el control del uso eficiente del combustible”.
La solución apremia porque las finanzas públicas están –otra vez– en una situación delicada. La presidenta de la República, Laura Fernández, y su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, advierten semanalmente de que no es tiempo de “despilfarrar” recursos ni de “tolerar alcahueterías”, sino de “apretar la faja”.
Esas palabras deben hacerse llegar al Incopesca porque, en promedio, durante la última década, concedió al sector pesquero exenciones anuales que superan los ¢7.000 millones, monto que rebasa el presupuesto de varias municipalidades. Gracias a ello, cada pescador o empresa elegida paga hasta un 47% menos por litro de combustible que el resto de los consumidores.
Uno de los datos que merece rigurosa revisión es la razón por la cual, durante los últimos años, el monto total del subsidio aumentó, pese a que más bien se redujo la flota pesquera y la actividad económica del sector creció a menor ritmo, como reveló una investigación de la periodista Natalia Vargas publicada en La Nación.
Otro indignante hallazgo de ese reportaje es que, en un lapso de 10 años, fueron capturadas 159 embarcaciones subsidiadas, a las cuales, en conjunto, el país les economizó ¢5.674 millones en la compra de 20,9 millones de litros de combustible.
El proyecto de ley 25.012, presentado en mayo del 2025 por la entonces diputada independiente Kattia Cambronero, debería servir de base para que la Asamblea Legislativa comience a avanzar en reformas en esta materia, como la obligación de que el Incopesca renuncie a los controles fragmentados y manuales y los sustituya por un proceso digital.
De acuerdo con la iniciativa, el sistema debería utilizar un medio de pago electrónico, llevar un control individual de los saldos asignados a cada pescador e interconectar a todas las entidades involucradas. De esa manera, cada entrega quedaría registrada y sería posible seguir la ruta del subsidio, detectar irregularidades y dificultar que el combustible termine abasteciendo al narcotráfico.
Promover esta u otra iniciativa depende, en buena medida, del gobierno, que no solo puede darle prioridad en la agenda de sesiones extraordinarias, sino que, con sus 31 diputados, también tiene la posibilidad de impulsar los cambios para cerrar la puerta que los delincuentes tienen abierta de par en par.
De ninguna manera se trata de estigmatizar u hostigar al sector pesquero. En su mayoría, quienes se dedican a esa actividad son personas honestas y trabajadoras. Una adecuada fiscalización las protegería y garantizaría que el apoyo estatal llegue a quienes viven legítimamente del mar.
Es más, la verdadera amenaza a los pescadores proviene de las organizaciones criminales que aprovechan la escasa supervisión para camuflarse entre ellos y reclutar, mediante dinero, engaños o amenazas, a personas de comunidades costeras que difícilmente saldrán de sus redes sin pagar un precio trágico.
Esa infiltración del narcotráfico también debe obligar al Incopesca a optar por la transparencia. En un editorial del 24 de abril del 2025 cuestionamos los silencios de esa entidad cada vez que uno de sus beneficiarios cae con drogas. En las pocas veces en que responde, alega que no puede actuar. Esa inacción no puede ser la regla cuando está más que confirmado que el crimen organizado halló en el sistema actual una oportunidad.
El Incopesca no puede continuar navegando a la deriva. Si de verdad se quiere proteger al sector pesquero y preservar un beneficio creado para quienes viven dignamente de la pesca, es hora de reformar la ley, digitalizar los controles y transparentar cada entrega. Y si, como afirma el gobierno, las finanzas públicas atraviesan dificultades, sobran razones para cerrar de una vez por todas este portillo al narcotráfico.