Ya hay suficientes indicios para sospechar que el Estado de Costa Rica está subsidiando al narcotráfico, sin quererlo. Incurre en ello al exonerar de impuestos la venta de gasolina y diésel a supuestos barcos de pesca.
Este subsidio nació en la década de 1990 con el fin de apoyar a un sector productivo, pero los controles han sido incapaces de separar a los verdaderos pescadores de los narcos.
Diversas publicaciones de prensa han advertido de la situación y, en este mes de noviembre, la operación judicial del Caso Traición expuso preocupantes hechos sobre lo que, al parecer, ocurre en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), institución encargada de autorizar los subsidios.
En junio del 2025, la periodista Arianna Villalobos, de La Nación, reveló que el otorgamiento del subsidio estaba creciendo considerablemente, pese a que disminuía la cantidad de barcos que reciben el beneficio y a que la actividad pesquera crecía a un ritmo menor.
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Un poco antes, en abril de este año, la reportera Natalia Vargas obtuvo otra información valiosa, después de ganar un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio revelar el registro de las embarcaciones aprehendidas por aparente narcotráfico, pesca ilegal o navegación irregular.
Una vez que recibió la información, la periodista de La Nación comparó la lista con el registro de los barcos de pesca que recibieron combustible libre de impuestos con el aval del Incopesca, tanto los de licencia comercial como turística.
Así, encontró que 159 embarcaciones habían recibido el subsidio, 51 de estas detenidas por presunto narco.
Desde entonces, el gobierno no ha impulsado ninguna reforma legal al respecto.
Este mes, tras el operativo del Caso Traición, el mayor en la historia del OIJ, trascendió que un funcionario del Incopesca habría intervenido en favor del cartel del Caribe Sur para que las lanchas pesqueras en las que transportaban droga tuvieran sus papeles al día. La información consta en el expediente 21-030208-0042-PE.
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Hace un año, la Contraloría General también había advertido sobre el riesgo de que el subsidio fuese usado para actividades ilícitas.
El 28 de octubre, los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminaron positivamente un proyecto de ley, de la diputada independiente Kattia Cambronero, para introducir mayores controles al subsidio en el combustible para los pescadores. Con ello, puede avanzar hacia el plenario.
No obstante, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves no lo convocó en la agenda legislativa. ¿Lo hará?
