En La Nación ya perdimos la cuenta desde hace cuántos años venimos denunciando cómo el subsidio estatal de combustible para ayudar a los pescadores, creado en 1994, se convirtió en una fuente silenciosa de financiamiento para redes criminales. Pese a las múltiples investigaciones periodísticas, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), responsable de autorizar la exoneración de impuestos, continúa de brazos cruzados.
Hasta ahora, las excusas y los silencios son las únicas respuestas a los cuestionamientos. Incopesca, cuando responde, alega que no puede actuar porque ni el Ministerio Público ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le notifican de las investigaciones. Tampoco los jueces le ordenan suspender las ayudas. Ese alegato es fiel retrato de cómo hacen una lectura burocrática de las responsabilidades institucionales y representa una inaceptable renuncia a ejercer funciones regulatorias y preventivas.
Es necesario recordarles a quienes cobran un salario a cambio de administrar el Instituto que la ley de 1994 –la cual autoriza el subsidio que beneficia con una reducción de hasta un 47% en el precio oficial de la gasolina o el diésel–, también obliga a los funcionarios a regularlo y a asegurar su uso eficiente.
Tal responsabilidad está siendo incumplida, como lo comprobó la Contraloría General de la República en diciembre de 2024, en una auditoría que concluyó textualmente: El Incopesca “no tiene controles destinados a verificar el uso que se le va a dar al combustible”.
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De seguido, el órgano contralor reafirmó lo que ya hemos denunciado: “Solo se realizan débiles y escasas inspecciones”. Las consecuencias son obvias: “Existe el riesgo de que el combustible otorgado a precio competitivo esté siendo utilizado para actividades ilícitas”.
El más reciente reportaje de La Nación, publicado este domingo 20 de abril, dio a conocer que, en la última década, 159 embarcaciones de pescadores que recibieron el subsidio fueron detenidas por su aparente uso en narcotráfico, pesca ilegal o navegación irregular. En conjunto, durante ese periodo, la exoneración les permitió a sus propietarios un ahorro de ¢5.674 millones. Sin la subvención, habrían tenido que pagar ¢11.831 millones.
Cada año, los costarricenses financiamos a los pescadores un promedio de ¢7.700 millones, una suma superior al presupuesto de 56 municipalidades. La exoneración fue proyectada con fines nobles: apoyar una actividad esencial para las economías costeras, incentivar la pesca sostenible y elevar la calidad de vida en zonas tradicionalmente relegadas. Pero la falta de controles ha permitido que el crimen organizado lanzara el anzuelo para pescar beneficios.
Investigaciones de La Nación revelaron en noviembre anterior que dos empresarios pesqueros detenidos en el marco del llamado Caso Ballena, sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero, recibieron subsidios estatales por ¢1.185 millones para la compra de diésel durante los últimos nueve años. Igualmente, este diario determinó que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca y quien ha sido catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica, recibió subsidios por ¢521,4 millones en ese mismo lapso. Actualmente, él cumple prisión preventiva como sospechoso de un robo multimillonario de combustible a Recope.
Es inadmisible que pese a estar comprobada la intromisión de sospechosos de actividades ilícitas entre los beneficiados por Incopesca, nadie mueva un dedo. Tal permisividad compromete la seguridad nacional, pues en lugar de contener el narcotráfico u otras acciones contra la ley en nuestros mares, el Estado más bien las incentiva por medio de este financiamiento.
No cabe duda de que luego de 30 años de vigencia del subsidio, es necesario comprobar su real impacto en la actividad pesquera, pero, sobre todo, rediseñarlo con celeridad. Lo primero debería ser la suspensión del beneficio a cualquier embarcación, sociedad o empresario sospechosos de delitos.
Se requiere, además, una fiscalización cruzada y automática con bases de datos del Incopesca, Ministerio de Seguridad, Poder Judicial y Recope. Igualmente, debe establecerse un registro público de beneficiarios que permita el control ciudadano; por ejemplo, para el reportaje publicado el domingo, La Nación debió presentar un recurso de amparo contra Seguridad Pública por negarse a dar la lista de embarcaciones capturadas por narcotráfico y otros delitos.
Otra acción necesaria es evaluar si Incopesca está en capacidad de seguir administrando el programa de subvenciones a pescadores o si conviene transferirlo a otra institución con profesionales mejor preparados y comprometidos para ejercer una fiscalización robusta.
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Continuar en esta alarmante inacción no solo perpetuará el mal uso de recursos públicos, sino que abrirá más opciones para que dinero estatal se desvíe hacia el narcotráfico. Es hora de que el gobierno de Rodrigo Chaves y los diputados pasen del discurso vistoso a las decisiones para enterrar los abusos que están a la vista de todos. Los costarricenses no debemos tolerar que un subsidio se preste para la ilegalidad ni premiar la ineficiencia institucional.
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