Una serie de reportajes de la periodista de La Nación, Natalia Vargas, pone sobre la mesa la necesidad de revisar una exoneración fiscal que suele pasar inadvertida, a pesar de que le cuesta ¢7.700 millones anuales al Estado. Se trata del subsidio que permite a los pescadores adquirir combustible sin tener que pagar el impuesto.
La reportera reveló que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorgó ¢521 millones en subsidios a Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca y quien actualmente descuenta prisión preventiva como sospechoso de un presunto robo millonario de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Al menos desde el 2015 y todavía en junio de este año, los barcos vinculados a la familia de Macho Coca seguían recibiendo el beneficio fiscal, aun cuando el departamento de Estado de los Estados Unidos había señalado a Bell como uno de los narcotraficantes más violentos de Costa Rica.
Otro artículo destapó que también recibían el subsidio dos empresarios detenidos en la operación judicial denominada Caso Ballena, en la cual se investiga una presunta banda que trasladaba drogas, vía marítima, desde el sur del continente hacia otros países, bajo la fachada de una industria pesquera.
11 embarcaciones vinculadas a los detenidos recibieron ¢1.185 millones en subsidios para la compra de diésel, durante los últimos nueve años, gracias a que tenían licencias de pesca comercial, emitidas por el Incopesca.
El costo anual de este subsidio nacido hace 30 años supera el presupuesto de 56 municipalidades, un monto considerable en tiempos de apuros fiscales.
Los hallazgos de los reportajes se han visto reforzados por un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual reveló un descontrol en el otorgamiento del combustible exonerado a los pescadores y la falta de estudios sobre el beneficio real de la exención. El documento concluye que existe riesgo de que el beneficio sea aprovechado para actividades ilícitas.
De acuerdo con la auditoría, el Incopesca hace inspecciones débiles y escasas, además de que se hallaron solicitudes gestionadas por personas no autorizadas y otras en que se concede más combustible del que pueden almacenar los barcos.
El informe, además, cuestiona el beneficio real del subsidio, especialmente para la flota artesanal, por el hecho de que existe un sistema de intermediación que encarece los productos pesqueros prácticamente hasta los precios de mercado.
Un total de 2.280 personas físicas y jurídicas han recibido el subsidio desde el 2015. Los hechos sugieren la necesidad de pensar si el incentivo cumple el objetivo de ayudar a los pescadores que realmente lo requieren o, cuando menos, revisar los controles.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.