El director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos (der.), planteó una consulta de constitucionalidad contra el plan de empleo público a solicitud del presidente de la Corte, Fernando Cruz (izq.). Foto: Corte.
La confianza en el Poder Judicial viene en caída, dice el Informe estado de la justicia 2022, con base en el Latinobarómetro. Solo un 40% de los encuestados en el 2020 dijeron tener confianza en la institución.
En el 2018, la cifra era del 49% y ya venía en descenso. Los costarricenses con poca o ninguna confianza en la administración de justicia aumentaron del 49% en el 2018 al 59% en el 2020.
La amenaza implícita en esa evolución trasciende el Poder Judicial y se proyecta sobre el sistema político en su totalidad. La relación entre el apoyo a la democracia y la confianza en la judicatura está bien acreditada.
La reacción ante los hallazgos debe tener como principal protagonista a la Corte Plena, pero también debe figurar como prioridad de la Asamblea Legislativa.
La contribución del Primer Poder de la República sería enorme si aumenta la transparencia de los procesos de elección de magistrados. Desafortunadamente, recientes ajustes al reglamento de la Comisión de Nombramientos más bien incrementaron el peso de la muy subjetiva valoración de la entrevista con los candidatos. Esa medida, y otras semejantes, incrementan las sospechas de acuerdos inconfesos.
La sombra la arrastra consigo, hasta su despacho en el edificio de la Corte, el magistrado elegido. No importa su probidad ni la bondad de sus intenciones. La duda la siembra, aun injustamente, el procedimiento mismo y luego se proyecta sobre la totalidad del Poder Judicial.
En estos momentos, la Asamblea Legislativa tramita la elección de dos magistraturas de particular importancia. La primera es para llenar una vacante en la Sala Constitucional, donde se dirimen asuntos de enorme trascendencia. La segunda es para la Sala Tercera, entre cuyas ocupaciones están los procesos contra miembros de los supremos poderes.
También la Corte Plena puede contribuir a incrementar la transparencia de los nombramientos internos, con demasiada frecuencia efectuados bajo el manto del secreto.
En estos días, deberá pronunciarse sobre la nueva jefatura del Ministerio Público. Cuando eligieron a la fiscala anterior, los magistrados votaron en público, pero ahora hay un grupo interesado en hacerlo en secreto. Es difícil justificar el cambio de un precedente tan próximo en el tiempo.
El informe propone, entre las principales razones de la pérdida de credibilidad, la judicialización de la política. En inglés, dicen los autores, el fenómeno es conocido como lawfare, para significar guerra mediante la ley, y consiste en manipular el sistema judicial para afectar a los opositores políticos mediante denuncias y demandas carentes de sustento probatorio.
Esa práctica pone al Poder Judicial en el centro de debates que no le corresponden y, cuando la acción termina en rechazo o archivo, los partidarios del denunciante lo atribuyen a manejos turbios.
Un efecto similar se produce cuando los políticos crean o amplían derechos y beneficios sin disponer los medios para satisfacerlos. Cuando el Estado incumple, los afectados acuden a los tribunales, pero sus pretensiones no siempre quedan satisfechas aunque logren sentencias favorables. La frustración se proyecta, entonces, sobre el Poder Judicial.
Las razones del desencanto van mucho más allá de la mora judicial y la tardanza en la resolución de los casos. Enfrentarlas comienza por la Corte Plena y el Poder Judicial en su totalidad, pero exige un compromiso mucho más amplio con la preservación del sistema democrático.
Solo un 40% de los encuestados en el 2020 dijeron tener confianza en el Poder Judicial.
