El Poder Judicial costarricense da muestras de su madurez y compromiso con la transparencia al someterse voluntariamente al escrutinio que realiza la plataforma de estudios del Estado de la Justicia.
Este trabajo se basa en un convenio del año 2015 entre el Poder Judicial, el Programa Estado de la Nación y el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Esta semana se publicó la cuarta edición con estadísticas actualizadas del período 2019-2021.
El informe parte de la necesidad de contar con conocimiento específico y actualizado para ayudar al Judicial a superar sus debilidades y continuar siendo uno de los pilares de nuestra democracia.
Por eso, ninguno de los desafíos señalados puede ser utilizado como excusa para atacar la independencia de la institución, sino más bien como palancas para impulsar soluciones.
El Poder Judicial deberá responder ineludiblemente en los próximos años a un escenario multirriesgos, caracterizado por una prolongada convergencia de la crisis fiscal y los efectos de la pandemia de la covid-19, crecientes tensiones con poderes políticos, divisiones internas que hacen inviables cambios en la gestión y una disminución de la confianza ciudadana.
El principal efecto es una continua presión que tiende a agravar los problemas estructurales de la gestión, como la larga duración de los procesos, la baja productividad, el aumento de casos pendientes y los altos costos de la justicia.
Mensajes
Los cinco capítulos del Informe estado de la justicia 2022 se pueden sintetizar en cuatro mensajes principales. Primero, se plantea que, pese a la disrupción que significó la pandemia en este escenario multirriesgos, el Poder Judicial logró mantener los servicios que presta a la población sin interrupciones.
Ello fue posible gracias a que invirtió, durante más de una década, en herramientas digitales, pero también a costa de una mayor concentración de poder administrativo en la Corte Plena, que tomó la mayoría de las 572 resoluciones relacionadas con la respuesta a la pandemia.
Segundo, se concluye que los muy dinámicos cambios procesales no han logrado resolver los problemas estructurales, especialmente las altas duraciones, debido a limitantes propias de la gestión o de recursos que no fueron incluidos en su diseño.
Las áreas con reformas recientes se estudiaron a partir de muestreos de expedientes en las materias penal, laboral, contencioso-administrativa y el proceso especial de expropiaciones.
Tercero, se establece que el desarrollo de la justicia electrónica refuerza la necesidad de un mayor conocimiento e incorporación de la población usuaria del Poder Judicial, de la cual actualmente se tiene poca información.
Ello permitirá tomar las medidas necesarias para que la virtualización no excluya a nadie debido a la brecha digital. Y es una medida indispensable para reducir la desconfianza ciudadana en la institución, que volvió a caer en el 2021. Solo cuatro de cada diez ciudadanos confían en el Poder Judicial.
Finalmente, se utilizan herramientas de la ciencia de datos para conocer en detalle el trabajo de la Sala Constitucional, lo cual permitió el procesamiento de más de cuatrocientas mil sentencias.
Estas herramientas tienen un enorme potencial para la organización de la jurisprudencia y utilidad para las personas a fin de que conozcan los antecedentes y encuadren mejor sus casos.
Dominios reservados
Después de sortear la compleja coyuntura de la pandemia, el Poder Judicial no consiguió avanzar en la resolución de dos problemas estructurales señalados en el anterior informe, publicado en el 2020, lo que evidencia fuertes resistencias políticas al cambio (lo que en el informe se llamó “dominios reservados”).
En primer lugar, los procesos opacos de nombramiento de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia no garantizan la idoneidad de las personas seleccionadas. En segundo lugar, no se consiguió desconcentrar las funciones administrativas de los magistrados y las magistradas.
Mapa de ruta
La edición 2022 del Informe estado de la justicia incorporó líneas de acción que fueron construidas colectivamente por personal judicial, litigantes, investigadores y población usuaria. Los capítulos tienen recomendaciones específicas de acuerdo con la evidencia encontrada en cada tema.
Las sugerencias se desarrollan alrededor de asuntos como la necesidad de mayor capacitación continua del personal y sectores que interactúan con la justicia, la profundización de la justicia electrónica, la mayor desagregación y actualización de estadísticas, entre otros.
El Poder Judicial enfrenta retos que debe asumir de formas novedosas, como la brecha digital en la ampliación de la justicia electrónica, ejercer como contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando se tramitan iniciativas que alteran el funcionamiento general del Estado costarricense, todo ello sin descuidar los esfuerzos para solventar desafíos estructurales históricos, tales como la mora judicial.
El valor agregado del informe es ofrecer una carta de navegación en tiempos convulsos y apoyo para dar seguimiento a sus recomendaciones.
evelynvillarreal@estadonacion.or.cr
La autora es coordinadora del Informe estado de la justicia.
