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La inteligencia artificial (IA) no será un tema más de la próxima administración. Será una de las decisiones estructurales que definirán su legado. Y es que la IA ya no es una conversación futurista ni una moda tecnológica. Es infraestructura. Así como la electricidad reorganizó la producción en el siglo XX e Internet transformó la economía en el XXI, la IA está empezando a redefinir la manera en que trabajamos, producimos y gobernamos. La diferencia es que esta transición ocurre con una velocidad inédita. Y la velocidad, en este caso, debe ser parte de la política pública.
Costa Rica cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024–2027. Fue un paso pionero y correcto. Colocó al país en la conversación internacional, definió principios éticos valiosos, y contribuyó a colocarnos mejor en los ránquines. Pero una estrategia no transforma un país. La ejecución, sí.
El desafío que enfrentará su gobierno no es actualizar la Estrategia, sino decidir si la inteligencia artificial será un eje articulador de la transformación del Estado o quedará como capítulo técnico dentro de la burocracia.
La digitalización fue la tarea de la última década: subir trámites a Internet, modernizar plataformas, simplificar formularios. Esa etapa era necesaria. Pero la siguiente fase no consiste en digitalizar lo existente, sino en rediseñarlo. Incorporar inteligencia a los procesos públicos. Automatizar decisiones rutinarias. Anticipar riesgos mediante análisis predictivo. Detectar evasión tributaria con modelos avanzados. Optimizar el gasto social con datos en tiempo real. Evaluar políticas públicas con evidencia dinámica y no con estadísticas ex post.
Un Estado no se vuelve inteligente por invertir en tecnología, sino por usarla para tomar mejores decisiones. Si la inteligencia artificial redefine productividad, empleo, educación y competitividad, su gobernanza no puede quedar confinada a un ministerio sectorial. Exige conducción política directa y coordinación entre Hacienda, Educación, Trabajo, Procomer, Comex, Seguridad Social, reguladores sectoriales y sector privado. Exige metas medibles, cronogramas verificables y responsables claramente identificados. Elevar la IA a nivel presidencial no es un gesto simbólico. Es reconocer que estamos ante infraestructura crítica.
Las economías pequeñas y abiertas que hoy lideran la adopción tecnológica no son necesariamente las más grandes, sino las que decidieron convertir la innovación en proyecto nacional. Coordinan educación, regulación, incentivos económicos y adopción pública bajo una visión coherente. No tratan la inteligencia artificial como accesorio, sino como el sistema nervioso de su competitividad.
Costa Rica, según mediciones recientes, lidera en América Latina en adopción relativa de herramientas generativas. Es un dato positivo. Pero nuestra competencia estratégica no es regional. Competimos con economías que avanzan al doble de velocidad y que integran la IA en su aparato estatal con decisión política clara, como Corea del Sur o los Emiratos Árabes Unidos.
La IA no solo mejora procesos; también sustituye funciones. Y no se trata únicamente de tareas repetitivas, sino de trabajo cognitivo intermedio: análisis financiero, soporte especializado, gestión documental, programación básica, investigación preliminar. Ese es, precisamente, el tipo de empleo que Costa Rica ha promovido durante dos décadas como base de su inserción en cadenas globales de servicios. Si ese segmento continúa comprimiéndose, el desafío para el país será estructural.
Por eso, aquí se juega algo más que eficiencia administrativa. Se juega la relevancia del modelo productivo del país. Convertir la inteligencia artificial en el eje de la estrategia de transformación digital implicará decisiones incómodas: reformar la formación de talento, adaptar marcos regulatorios sin asfixiar innovación, repensar incentivos fiscales, preparar la seguridad social ante cambios en la estructura del empleo y, también, rediseñar el propio aparato estatal.
La incorporación sistemática de IA transformará perfiles, reducirá tareas rutinarias y exigirá una reubicación estratégica del empleo público, que deberá adaptarse a un entorno donde muchas tareas podrán automatizarse. No hacerlo implicaría algo más que un retraso tecnológico: supondría perder competitividad gradualmente mientras confundimos digitalización con transformación.
La historia no recordará cuántos trámites se digitalizaron en la próxima administración. Recordará si el país supo reconfigurarse cuando la infraestructura cognitiva del mundo cambió.
La inteligencia artificial no es solo un asunto técnico. Es una decisión de liderazgo. Puede convertirse en el eje que articule educación, productividad y modernización institucional, o puede diluirse en mesas de trabajo y documentos estratégicos.
El país que se definió como “sin ingredientes artificiales” debe decidir ahora cómo gobernar con ellos. Integrarlos con inteligencia será la verdadera prueba de modernización, y esa decisión comienza el 8 de mayo.
