La reciente evaluación de la OCDE sobre Costa Rica destaca una oportunidad que el país no debería desaprovechar: acelerar la digitalización del gobierno y aprovechar la inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia del sector público en sectores clave como salud, educación y justicia.
Hoy, sin embargo, el país está rezagado, ya que el 66% de los gobiernos de países miembros de la OCDE utilizan IA. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), publicada por el Micitt en octubre de 2024, y su plan de acción, presentado en marzo de 2025, abren oportunidades claras para revertir esta situación. En su eje sobre gobierno inteligente, se plantean metas para digitalizar procesos, formar al funcionariado y usar IA en tareas como análisis de datos o gestión documental, siempre bajo principios éticos, de privacidad y derechos humanos.
Un estudio reciente de la Academia de Centroamérica estima que un 36% de los empleos del sector público costarricense están en ocupaciones con alto potencial de ser complementadas con IA. Esto no implica sustituir personas, sino liberar tiempo para tareas complejas. La IA puede aumentar la productividad estatal y mejorar la experiencia ciudadana. Pero la adopción de estas tecnologías en el sector público no es tan sencilla como abrir una página web y utilizar herramientas de forma gratuita. El gobierno debe realizar procesos de compra pública y contratación administrativa que cumplan con estándares legales y normativos. Por eso, el plan de acción de la ENIA incluye medidas específicas para capacitar a funcionarios en contratación pública innovadora y para fortalecer a instituciones como la Agencia Nacional de Gobierno Digital.
Además, es urgente dotar al país de un marco jurídico que dé seguridad a quienes lideran estos proyectos, tanto desde el sector privado como para los propios funcionarios de gobierno. Un entorno regulatorio más flexible, como un sandbox que permita probar soluciones tecnológicas sin riesgo de sanciones, es clave para incentivar la innovación.
La ley de contratación actual aún no contempla estos mecanismos. Regular la IA como se regulaban tecnologías del pasado ya no es viable. La transformación digital del Estado necesita voluntad, capacidades y un marco legal que no frene el futuro.
Andrés Fernández Arauz es economista.