14 septiembre

La ley de “enganche”, a cuyo tenor el sector público está obligado a aumentar los salarios de los profesionales en ciencias médicas, como mínimo, en el mismo porcentaje aplicado al salario promedio de los empleados del Gobierno Central, es una de las aberraciones más vergonzosas del sistema de privilegios que carcome las finanzas públicas, pero si le creyéramos a la administración pasada, el problema ya no existe.

Para descarrilar la enmienda legislativa propuesta por el diputado Mario Redondo con el objeto de derogar el “enganche”, Luis Guillermo Solís firmó un decreto y declaró el asunto resuelto. No es cierto, como tampoco son verdad las explicaciones ofrecidas inicialmente para defender la irresponsable emisión de bonos sin contenido presupuestario o aquel otro decreto, supuestamente capaz de moderar la primera versión de la Reforma Procesal Laboral al limitar sus disposiciones sobre las huelgas en los servicios esenciales.

La lucha contra el “enganche” médico parece perdida por el momento, pero ejemplifica el tipo de privilegio defendido por una huelga proclamada en supuesta defensa del “pueblo”

Si en lo relativo a la ley de “enganche” Solís y su administración hubiesen dicho la verdad, no habría motivo para que este nuevo gobierno del Partido Acción Ciudadana incluyera el asunto en la reforma tributaria. Desafortunadamente, la actual administración cedió frente a la presión sindical y en el último minuto eliminó la derogatoria del enganche, pero lo hizo con pleno reconocimiento de su vigencia, no obstante el decreto.

Un decreto no puede reformar la ley. La administración Solís lo sabía, pero utilizó la pantomima en más de una oportunidad para dejar las cosas intactas mientras aparentaba cambio y salía de la situación. Vista la costumbre del gobierno anterior de separarse de la verdad cuando le conviniera, el “decreto” no causó sorpresa. Tampoco confundió a los sindicatos. Mario Boschini, secretario de Conflictos del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (Siprocimeca) celebró, en aquel momento, la preservación del texto legal por si en algún momento el gobierno hace un ajuste desmedido a los profesionales del sector público y los 17.000 doctores se ven obligados a exigir una diferenciación por las mayores responsabilidades de la profesión.

Boschini no creyó la falacia del decreto y reveló, sin tapujos, la razón de ser de la norma que se mantuvo vigente mientas el gobierno aparentaba haberla reformado. El “enganche” existe para diferenciar a los médicos, es decir, para mantener y aumentar la desigualdad. Supuestamente, la dignidad de la profesión médica depende de una amplia brecha entre los profesionales del ramo y los empleados del gobierno central.

En consecuencia, los gobernantes reprimen los salarios del Gobierno Central para no sumir en crisis a la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones dependientes del personal médico. Con tal de mantener las alianzas con el estratégico sector de la salud, los legisladores del Frente Amplio y Acción Ciudadana fingieron creer en el decreto “reformador” de Solís para votar contra la propuesta del diputado Redondo. Es decir, votaron a favor de la desigualdad, la represión de los salarios de los trabajadores más modestos del Estado y, eventualmente, en contra de la estabilidad del seguro social.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que se había manifestado contra el encadenamiento de los salarios por las razones apuntadas, pronto decidió guardar silencio y desde entonces no se le ha escuchado denunciar la injusticia, en especial ahora que la alianza con los sindicatos de la Caja es útil para defender otros privilegios, especialmente del sector descentralizado.

La lucha contra el “enganche” médico parece perdida por el momento, pero ejemplifica el tipo de privilegio defendido por una huelga proclamada en supuesta defensa del “pueblo”, que no goza de los beneficios en juego y más bien se ve forzado a pagarlos, sea mediante impuestos, sea mediante la negación de servicios y asistencia social por falta de presupuesto.