El fideicomiso, administrado por el Banco Nacional, fue constituido con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La entidad estaba de acuerdo con ampliar el plazo, pero el Ministerio de Hacienda, garante del crédito, no lo consintió. Según Hacienda, el fideicomiso ha tenido «el plazo suficiente» para ejecutar los recursos.
La prórroga requeriría aprobación legislativa y no es buen momento para procurarla, dice Hacienda. El dinero será devuelto, pero, de todas formas, no alcanzaría para cumplir la totalidad de los fines. Sin embargo, serviría, por lo menos, para completar las obras a media construcción, varias de ellas por incumplimiento de las empresas contratadas.
Escuela Azul de Turrialba Así quedó la Escuela Azul de Turrialba.
Estos trabajos ahora producen pérdidas por deterioro, robo de materiales y custodia de instalaciones muy valiosas para dejarlas abandonadas y, no obstante, inútiles. El fideicomiso estudia otras posibilidades de financiamiento para completar los planteles inconclusos. Hay ¢10.547 millones ($17 millones) aportados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) al fideicomiso en el 2018, pero no pueden ser utilizados sin una modificación presupuestaria aprobada por el Congreso, aunque el despacho ha caído en contradicciones e indecisión sobre ese punto. El dinero alcanzaría para finalizar las siete obras a medio camino.
Completar las escuelas debe ser prioridad, no solo para satisfacer las expectativas creadas en las comunidades, sino también para evitar el desperdicio de los avances. En un caso, la construcción está lista en un 90 %. En Azul de La Isabel, cantón de Turrialba, la inminencia de estrenar escuela llevó a la muy razonable decisión de no invertir en el mantenimiento del viejo plantel. Ahora, las deficiencias de esas instalaciones empeoraron.
El dinero no alcanza por errores de cálculo cometidos por el MEP desde el inicio. Cuando el faltante se hizo evidente, el despacho lo justificó alegando que el costo estimado de las obras era «referencial». La explicación se queda muy corta. A juzgar por los resultados, más que referenciales, las estimaciones fueron absurdas. En algunos casos no se presupuestó ni la compra del terreno. A los errores de cálculo se sumó el encarecimiento de las obras por el retraso de más de dos años en la conformación de la unidad ejecutora encargada de desarrollar el proyecto.
La negativa del Ministerio de Hacienda no es la primera sufrida por el MEP. Por las razones citadas, y en atención al marco impuesto por la ley creadora del fideicomiso, la Contraloría General de la República se negó a permitir la constitución de un nuevo fideicomiso para construir las 42 obras restantes, valoradas en $138,5 millones adicionales. La Contraloría también rechazó la exclusión de algunas obras del listado y enfatizó la obligación de concluirlas para atender el mandato del legislador.
Cuando Hacienda señala el transcurso del «plazo suficiente», conviene recordar que se refiere a, cuando menos, siete años desde la constitución del fideicomiso. A cambio, el país solo tiene la mitad de las obras. Lo construido se hizo a paso lento y lo proyectado nunca fue posible. Cuando el Congreso creó el fideicomiso, se hablaba de la figura como solución idónea para el desarrollo de obra pública. La experiencia demuestra que el fideicomiso es tan bueno como su adecuación al proyecto, planificación y administración.
