Editorial

Editorial: Fallido intento de decapitar al mensajero

En el caso de Rodrigo Chaves no se trata de bonos ni de rotativas, sino del acoso sexual atribuido a un candidato cuyas aspiraciones, de verse colmadas, lo llevarían a tratar con las instituciones que le prohibieron ingresar a sus instalaciones.

La práctica de decapitar al mensajero se pierde en los anales de la historia. En su momento, fue la ilógica compensación del gobernante absolutista por el disgusto de recibir una mala noticia. En la actualidad, solo existe en sentido figurado como medio para evadir responsabilidades y cambiar el curso de la conversación. En el caso del exministro de Hacienda y ahora candidato presidencial Rodrigo Chaves, el recurso no funcionó.

El círculo íntimo de Chaves habla del traído y llevado caso de las rotativas de «La Nación» y hasta repite la infamia de una supuesta colocación de bonos de la empresa en la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando ningún emisor sabe quién adquirirá sus bonos y los del Grupo Nación han sido pagados puntualmente. Ninguno de esos temas guarda relación alguna con los periodistas de este diario ni con la información publicada. En cambio, sentimos la necesidad de contestar a quienes, más protagonistas que periodistas, califican sin fundamento nuestro trabajo.

No se trata de bonos ni de rotativas, sino del acoso sexual atribuido a un candidato presidencial cuyas aspiraciones, de verse colmadas, lo llevarían a tratar, en nombre de Costa Rica, con las instituciones financieras internacionales que le prohibieron el acceso a sus instalaciones como medida de protección para las víctimas.

Para evitar la discusión de fondo, también preguntan por qué publicamos ahora, justo cuando el candidato anuncia la próxima celebración de una asamblea de su partido para elegir candidatos a diputados. La pregunta es necia. ¿Cuánto debe esperar un periodista, antes y después del anuncio de una candidatura, para informar sobre hechos de tanta importancia?

En cualquier caso, la fecha tiene razón de ser. Los rumores sobre el procedimiento seguido contra Chaves se remontan al 2019, año de su nombramiento. El presidente, Carlos Alvarado, dijo haberlos escuchado e incluso consultó al Banco Mundial, pero no obtuvo confirmación. «La Nación» hizo la misma pregunta el 26 de noviembre del 2019, pero la institución no informa sobre procesos en curso. La consulta la formuló la periodista Silvia Artavia, quien ya no labora en este diario, a petición del editor de política, Esteban Oviedo.

El procedimiento contra Chaves terminó el 7 de junio del 2021, pero la resolución del Tribunal Administrativo del Banco Mundial que le puso fin apenas fue publicada el 30 de julio, es decir, exactamente un mes antes de nuestra primera información sobre el caso. En suma, comenzamos a indagar apenas un mes después del nombramiento de Chaves, el 30 de octubre del 2019, cuando nadie sospechaba que duraría solo siete meses en el cargo y aspiraría a la presidencia casi dos años más tarde, pero no conseguimos información fidedigna, porque todavía no estaba disponible.

Consultado sobre la fecha de publicación de la resolución y la negativa anterior a dar información, el Banco Mundial respondió: «La sentencia se hizo pública el 30 de julio de 2021» y añadió: «Los expedientes no se hacen públicos, solo las sentencias son públicas». Evidentemente, nuestro interés obedecía, en el 2019, a que Chaves era ministro de Estado y, ahora, a que es candidato presidencial, pero no consultamos a diario las páginas oficiales del Banco Mundial para ver si aparecía la sentencia. Lo hicimos el 30 de agosto, alertados por una fuente, y ahí estaba el documento.

Casi seguramente, la alerta guarda relación con el despliegue mediático de la tendencia de Chaves en ese momento. La fuente dirigió nuestra mirada al sitio donde por fin pudimos constatar las sospechas de hace casi dos años. Sus razones para hacerlo no nos conciernen, aunque tenemos motivo para creer que son las mejores. Si hubiéramos tenido la misma confirmación en noviembre del 2019, de inmediato habríamos publicado que el recién nombrado ministro de Hacienda fue sancionado por acoso. Como logramos la confirmación hasta ahora, publicamos la noticia referida al candidato presidencial.

Los aspirantes a diputados en las papeletas de Chaves deben ser los primeros agradecidos. Ahora, su decisión de seguir adelante es una opción bien informada. Ninguno podrá alegar desconocimiento del caso antes de aceptar la postulación y todos tienen tiempo de asumir, muy conscientemente y antes de la asamblea partidaria, una posición ante el fallo del Banco Mundial.

Los documentos citados en nuestra información sobre las sanciones impuestas a Chaves hablan por sí mismos. Por eso, establecimos un vínculo entre nuestras publicaciones y la ubicación electrónica de la sentencia. Cualquier interesado puede verla, con la única limitación del dominio del inglés. La traducción y síntesis está en nuestras publicaciones.

Confirmada la existencia del procedimiento y sus resultados, intentamos insistentemente entrevistar al candidato. Solo recibimos evasivas y preguntas sobre cuándo pensábamos publicar. Los políticos a menudo hacen eso para ganar tiempo y adelantarse difundiendo una versión lo más favorable posible. Al día siguiente, publicamos la versión hecha circular por Chaves en un comunicado, eso sí, con citas de la sentencia que la desmienten.

Sigan hablando de bonos y rotativas, pero el país quiere saber sobre la conducta de quienes aspiran a presidirlo. El acoso es un comportamiento repugnante y la sentencia concede a las víctimas la razón, al extremo de otorgarles la retribución de $64.838 en costas «dado el éxito de sus reclamos legales» («Given the success of their legal claims…», punto 222 de la sentencia). También las elogia por su «inmenso valor» al denunciar la conducta de un funcionario situado en una posición de poder en relación con sus carreras profesionales. («The Applicants showed immense courage by coming forward to report the conduct of a staff member who was situated in a position of power over their careers», punto 223).

Los jueces también señalaron que el Banco y su personal son beneficiarios de la perseverancia de las denunciantes («The institution and its staff are beneficiaries of the Applicants’ perseverance», punto 225). Es sorprendente que una persona, especialmente mujer, les niegue los mismos reconocimientos después de leer el documento.