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La Nación ha dedicado cuatro editoriales a examinar el paquete de proyectos de ley en materia de seguridad presentado por el Poder Ejecutivo. El análisis realizado muestra el mismo hallazgo repetido con variaciones: las iniciativas nacen de un diagnóstico correcto, pero tropiezan, una y otra vez, con la misma piedra.
La Ley Gerson Rosales, las asociaciones criminales, la reincidencia, los registros judiciales y la Ley de Cero Ocio en las Cárceles comparten la misma familia de defectos: simplismos, reduccionismos, populismos y, sobre todo, falta de coherencia de estas normas con la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el país es suscriptor. Es un patrón que exige una respuesta distinta al debate binario de los últimos años: todo o nada, amigo o enemigo, patriota o vendepatrias.
Aprobar el paquete completo bajo el argumento de que cualquier objeción es, cuando menos, alcahuetería con el crimen, es tan irresponsable como rechazarlo en bloque alegando autoritarismo disfrazado. Ninguna de las dos posturas honra lo que exige una democracia madura. Señalar defectos técnicos, pero sobre todo, proponer correcciones concretas no es obstruir la seguridad ciudadana: es la forma en que un Estado de derecho evita que la urgencia de un problema se convierta en improvisación con consecuencias que se pagan durante años.
Y no se trata solo de la opinión editorial de este diario. La Comisión de Asuntos Penales y la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, analizando cada proyecto por separado, llegaron a conclusiones que coinciden en lo sustancial con lo señalado aquí semana tras semana: riesgo de choque con la presunción de inocencia, la independencia judicial, la proporcionalidad y la culpabilidad, y con estándares interamericanos que Costa Rica no solo ratificó, sino que ayudó a construir siendo sede de la Corte que los interpreta.
Cuando el diagnóstico técnico y el editorial convergen de forma independiente, ya no se trata de diferencias de opinión política, sino de una advertencia que la Asamblea Legislativa no puede permitirse ignorar.
Dicho esto, sería injusto cerrar esta conversación sin reconocer el mérito del ejercicio. Durante años, la discusión sobre seguridad se ha movido principalmente entre discursos, dimes y diretes, entre la indignación y la parálisis, con reincidentes libres, cabecillas operando bandas desde la cárcel, policías sin herramientas legales claras y un sistema penitenciario que produce más ocio que rehabilitación. Todos lo sabíamos; nadie lo resolvía.
Este paquete, con todas sus imperfecciones, tiene el mérito de traer a la mesa soluciones concretas a la principal preocupación del ciudadano. Convirtió el malestar difuso y el discurso vacío en textos discutibles y mejorables, pero reales. Eso merece reconocerse sin mezquindades.
Pero una propuesta concreta no es automáticamente una propuesta lista para aprobarse. Ahí empieza el trabajo de la Asamblea, que no puede despacharse con la vía rápida que el Ejecutivo ha pedido. De nada sirve aprobar leyes que generen aplausos esta semana si la Sala Constitucional las anula en dos años, o si un caso termina ante la Corte Interamericana generando responsabilidad internacional. Esa no sería una victoria contra el crimen organizado, sino exactamente el resultado que este necesita: que la nulidad y la condena internacional devuelvan la impunidad que se quería cerrar, erosionando, además, la credibilidad del Estado para legislar la próxima vez.
Las correcciones pendientes no exigen reinventar el paquete, rechazarlo o retirarlo; requieren negociación, consensos y, sobre todo, tecnicismo en el trabajo legislativo. Ninguno de los ajustes que se ha propuesto debilita el propósito original del paquete; al contrario, lo fortalece y lo perfecciona.
La crisis de seguridad es real y no admite más postergación. Pero urgencia y rigor no son fuerzas opuestas; son la única combinación que produce leyes eficaces y perdurables.
Costa Rica construyó su lugar en la región por resolver sus problemas dentro del Estado de derecho, aun cuando eso tomara más tiempo del que hubiera tomado hacerlo sobre las urgencias del momento.
Los diputados tienen ahora la oportunidad de tomar lo que el Ejecutivo puso sobre la mesa, corregir lo que la técnica jurídica ya identificó y entregarle al país no la ley más rápida, sino la ley que soporte el escrutinio constitucional y el paso del tiempo.
