En los últimos días, la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica emitió un criterio técnico sobre diversos proyectos de ley en materia de seguridad impulsados por el Poder Ejecutivo. Dicho análisis, elaborado por destacados juristas y posteriormente divulgado en la prensa nacional, ha generado reacciones encontradas. Sin embargo, preocupa que, en ocasiones, la primera lectura de estos aportes no sea jurídica ni técnica, sino política.
Como agremiada del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y como ciudadana preocupada por el aumento de la criminalidad, considero que debemos hacer un esfuerzo por cambiar el enfoque del debate.
Cuando un grupo de profesionales con amplia trayectoria académica y experiencia práctica dedica horas de estudio a examinar un proyecto de ley, de manera voluntaria y absolutamente gratuita, la primera reacción no debería ser preguntarnos a quién beneficia políticamente su criterio ni intentar desacreditar su derecho a expresarse libremente. La primera reacción debería ser valorar y agradecer que existan personas dispuestas a aportar su conocimiento para construir mejores soluciones para el país.
Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente en materia de seguridad. Las víctimas de homicidios, femicidios, delitos sexuales, narcotráfico, crimen organizado y violencia en todas sus manifestaciones no necesitan enfrentamientos ideológicos. Necesitan respuestas efectivas, serias y sostenibles.
Precisamente por ello, las leyes que aprobemos deben ser técnicamente sólidas, constitucionalmente respetuosas y capaces de resistir el paso del tiempo. Una mala ley, aunque nazca de una buena intención, puede terminar debilitando la lucha contra la criminalidad. Una ley bien construida, por el contrario, fortalece las instituciones, protege los derechos fundamentales y brinda herramientas eficaces para la prevención y persecución del delito.
La ciencia jurídica cumple una función esencial en toda democracia. Su papel es advertir de riesgos, señalar inconsistencias, proponer mejoras y contribuir a la calidad de las normas que rigen nuestra convivencia. El debate técnico no debe interpretarse como un obstáculo para la seguridad; por el contrario, constituye una garantía de que las soluciones adoptadas serán legítimas, eficaces y sostenibles.
Las observaciones de penalistas, jueces, fiscales, defensores, académicos y especialistas deben verse como una oportunidad de mejora. La construcción de una Costa Rica más segura exige precisamente eso: diálogo, conocimiento, apertura y capacidad de escuchar perspectivas distintas.
Las víctimas merecen que dejemos de lado las trincheras políticas para concentrarnos en lo verdaderamente importante: encontrar puntos de encuentro que permitan fortalecer la seguridad ciudadana sin sacrificar los principios fundamentales de nuestro Estado social y democrático de derecho.
Quiero reconocer públicamente a los integrantes de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: Alfredo Chirino, Erick Gatgens, Andrés Pérez, Mario Zamora, Cinthya Dumani, Laura Cubillo, Alfonso Navas, Federico Campo, Gerardo Huertas, Carolina Martínez, Gustavo Corella y Juan Carlos Román, quienes han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo de manera desinteresada para contribuir al fortalecimiento de nuestro ordenamiento jurídico y al bienestar de Costa Rica. Su disposición para participar en el debate público con argumentos técnicos y fundamento científico merece reconocimiento y respeto.
Pero esta reflexión trasciende a una comisión en particular. Se trata de defender un principio fundamental para nuestro Colegio y para nuestra democracia: el derecho de los profesionales del Derecho a pensar, analizar, discrepar y expresar sus criterios técnicos sin presiones, sin descalificaciones y sin temor a represalias por el contenido de sus opiniones.
Un Colegio profesional fuerte no es aquel donde todos piensan igual. Es aquel donde las diferencias pueden expresarse libremente, donde los argumentos prevalecen sobre los prejuicios y donde el conocimiento tiene más peso que la coyuntura política. La pluralidad de ideas no debilita a una institución; la fortalece. El silencio impuesto nunca ha sido fuente de progreso. El debate respetuoso, sí.
No necesitamos menos discusión técnica. Necesitamos más. No necesitamos menos conocimiento. Necesitamos aprovecharlo mejor. No necesitamos menos voces. Necesitamos que más profesionales se animen a participar, investigar, proponer y cuestionar, porque de la confrontación respetuosa de ideas nacen las mejores soluciones.
En la Prosecretaría del Colegio de Abogados y Abogadas encontrarán siempre una defensora de la libertad de pensamiento, de la independencia de criterio y del debate jurídico serio. Defenderé el derecho de cada colega a expresar sus opiniones profesionales, aun cuando no coincidan con las mías, porque la verdadera democracia se pone a prueba precisamente cuando protegemos las voces con las que no necesariamente estamos de acuerdo.
Lucharé para que ningún abogado o abogada sea señalado, desacreditado o excluido por aportar su conocimiento al debate nacional. Lucharé para que las comisiones, los órganos del Colegio y cada persona agremiada encuentren espacios donde prevalezcan el respeto, la dignidad y la fuerza de los argumentos. Y lucharé para que el Colegio siga siendo una casa común para todos.
La seguridad ciudadana no le pertenece a ningún partido político ni a ninguna corriente ideológica. Tampoco la defensa del Estado de derecho. Ambas son causas nacionales que exigen responsabilidad, madurez y generosidad de nuestra parte.
Costa Rica necesita más diálogo y menos descalificación. Más evidencia y menos consignas. Más ciencia jurídica y menos trincheras políticas.
Porque cuando el conocimiento se pone al servicio del bien común, cuando la crítica técnica se entiende como una oportunidad de mejora y no como un acto de confrontación, gana la democracia, gana la justicia y ganan todos los costarricenses.
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Angie Andrea Arce Acuña es abogada.