Editorial

Editorial: Encadenamientos en zonas francas

Unos $2.323 millones compraron las empresas instaladas en zonas francas a 11.000 proveedores costarricenses en el 2019

La destiladora de alcohol Vocatus Holding S.A. fue la primera empresa en abrir en la Zona Franca El Viejo, en La Guinea, Carrillo, Guanacaste, en octubre del 2020. La empresa dueña del parque desarrolla ahora otras cuatro compañías. Foto: Cortesía

Unas 400 empresas instaladas en zonas francas compraron $2.323 millones a 11.000 proveedores costarricenses en el 2019. Analistas del sector esperan un dato aún mayor cuando se actualice el estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) para determinar el encadenamiento de firmas locales con las pertenecientes al régimen especial.

La cifra del 2019 significa el 43 % de las compras de las zonas francas y beneficia a gran variedad de actividades nacionales, desde servicios de vigilancia hasta logística y otros especializados, como esterilización de productos para la industria médica, empaques y etiquetas.

Al torrente de riqueza se añaden más de 187.000 puestos de trabajo en un sector que demostró su estabilidad bajo el embate de la pandemia. En el 2020, las exportaciones de las zonas francas crecieron un 7 % y en los primeros ocho meses del 2021, con buena parte del mundo ya en recuperación, aumentaron un 37 %, en relación con el año anterior.

Los datos contribuyen a resolver un viejo debate sobre las zonas francas y su capacidad de producir encadenamientos que justifiquen, junto con los empleos y la transferencia de conocimientos, las ventajas fiscales concedidas para atraer inversiones. En su momento, hubo dudas sobre la capacidad de los emprendedores nacionales para adaptarse a las diversas necesidades de las empresas exportadoras y sobre el volumen de los bienes y servicios requeridos.

Esas preguntas ya encuentran respuesta al abrigo de las ventajas competitivas ofrecidas por la proximidad en los rubros de costos, confiabilidad del suministro y logística. Las empresas locales están mejor posicionadas para satisfacer esas exigencias y con solo lograrlo se convierten en un incentivo adicional para la inversión extranjera.

El encadenamiento eleva la productividad de las empresas del régimen definitivo entre un 6 % y un 9 %, según el estudio «Productividad e innovación en Costa Rica», del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, aumenta la calidad de los productos y su uniformidad para cumplir los estándares de los compradores.

A eso se refiere Jorge Sequeira, director general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), cuando afirma que «las capacidades del ecosistema ofrecido por un país son clave para la toma de decisión de estas empresas al momento de invertir».

El volumen de bienes y servicios exigidos también aumenta por impulso de ese círculo virtuoso y la atracción de nuevas empresas. Entre el 2016 y el 2020, el régimen atrajo 191 nuevas compañías y el total se elevó a 394 empresas: un 53 % dedicadas a servicios, un 42 % a la manufactura y un 5 % a la administración del parque y comercialización.

Estudios como el citado deben estar siempre presentes cuando se habla de las zonas francas y la posibilidad de exigirles mayor contribución fiscal. Costa Rica ha encontrado medios para sacar provecho al sistema más allá de los beneficios obvios, y el acento debe estar en la forma de ampliar ese rendimiento. Afectar la competitividad del país en la atracción de inversiones y expansión de las zonas francas también pone en riesgo a las empresas encadenadas.

Así como la proximidad entre empresas produce mejoras en la eficiencia, las compañías transnacionales ahora procuran cosechar beneficios del acercamiento de las cadenas de suministro a los mercados definitivos («nearshoring»). Costa Rica tiene una gran ventaja geográfica para competir por las inversiones y también el «ecosistema» citado por Sequeira. No debemos dejar de aprovecharlo, precisamente porque ya sabemos cómo.