El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene secuestradas las frecuencias necesarias para desarrollar la quinta generación de redes móviles en el país. Le fueron asignadas cuando no se vislumbraban los avances tecnológicos de la actualidad. Son bienes públicos, pertenecientes a la nación que hoy los necesita con urgencia. Además, están ociosas. Su única utilidad es retrasar los planes de los competidores para ganarle tiempo al ICE, sin importar el atraso de Costa Rica en un campo vital para el desarrollo.
Los ruegos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Superintendencia General de Telecomunicaciones (Sutel) no conmueven al Instituto. Mucho menos los justos reclamos del sector privado cuyas cámaras, hartas de diálogos infructuosos, piden al gobierno ejercer la potestad conferida por el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, para extinguir concesiones de frecuencias mediante declaratoria de interés público.
El interés público es evidente. La tecnología 5G, con su mayor ancho de banda, logra velocidades para trasiego de datos de hasta 10 Gigabits por segundo, una verdadera revolución y un arma para la competitividad nacional, gracias al aumento de aparatos enlazados a Internet a mayor velocidad.
El interés público también se hace evidente en las declaraciones de Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet). Según la experta, el país ya pierde oportunidades de negocios por la lenta adopción del 5G: «Costa Rica tiene capital humano y fuerza empresarial para crear un ecosistema vibrante en 5G y exportar servicios. ¿Cuánto llevamos discutiendo esto? ¿Cuántos informes más? ¿Cuánto más vamos a seguir dándonos el lujo de perder tiempo en una carrera tecnológica que la pandemia aceleró?»
La ley permite poner fin al secuestro y la condición del interés público está de sobra acreditada, pero el Ejecutivo teme la posibilidad de que el secuestrador aumente la onerosidad del rescate. El ICE, dice la ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega Castillo, podría exigir una indemnización por la extinción de la concesión por causas ajenas a la institución en su carácter de concesionaria.
Es insólito, pero el gobierno teme al millonario reclamo de una empresa estatal si recupera un bien público ocioso; no obstante, la imperiosa necesidad de utilizarlo para dinamizar la economía e incrementar las capacidades tecnológicas del país. El perjuicio no se limita al desarrollo de los negocios. Las redes 5G influirán sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Frenar su desarrollo es entorpecer el desempeño de las personas en todos los ámbitos, desde la educación hasta el entretenimiento, pasando, desde luego, por el empleo.
El ICE es el ejemplo más visible de la inversión de objetivos ocurrida en demasiadas instituciones del Estado. Son un fin en sí mismas y orientan su acción según sus propios intereses y los de sus burocracias. Así como a la Caja Costarricense de Seguro Social no le importa pagar más por un servicio empobrecido con tal de traer los Ebáis de vuelta al redil, «institucionalizándolos» mediante la cancelación de contratos con terceros, al ICE le tiene sin cuidado el atraso del desarrollo de las nuevas tecnologías.
El fenómeno no se manifiesta por primera vez con las redes 5G. El ICE pospuso el servicio de Internet de banda ancha mientras pudo y luchó para impedir la telefonía mediante voz sobre IP hasta que se hizo imposible evitarla. Aún entonces, un diputado «iceísta» tuvo la «brillante» idea de impedir el acceso a Internet para preservar el negocio monopólico de llamadas internacionales. Luego, hubo resistencia a la apertura del mercado telefónico y la portabilidad numérica. La lista es larga, sobre todo, si se añaden las maniobras en el sector eléctrico. El ICE fue motor del desarrollo nacional, hoy se empeña en ser freno.
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