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El 1.° de julio ocurrió algo insólito, pero no sorprendente, en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Sus cuatro diputados oficialistas, que constituyen mayoría, rechazaron una moción para que la Defensoría de los Habitantes emitiera un criterio técnico ante ese grupo sobre los estándares internacionales aplicables a la elección de magistrados.
Sobra recordar la importancia que tiene, para los ciudadanos y la calidad de nuestro Estado de derecho, la composición de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. En lo que resta del año, deberá definirse la continuidad o cambio de cinco magistrados titulares, a quienes se les vencen sus respectivos periodos de ocho años.
Con sabiduría, nuestros constituyentes dispusieron, en 1949, que la decisión debe contar con votación calificada de 38 votos. De este modo, se evitan imposiciones de mayorías simples y coyunturales, se induce a la negociación y el consenso, y se refuerza la legitimidad de quienes ocupan los órganos jurisdiccionales de mayor relevancia nacional.
Como parte del proceso, lo responsable es que los diputados se informen sobre los estándares que, en el ámbito internacional, se consideran esenciales para los ocupantes de esos cargos. No se trata de aplicarlos sin reflexión o de aceptar la interpretación que de ellos hagan personas conocedoras, como los especialistas de la Defensoría. La independencia de criterio se mantiene, pero a mayor conocimiento de esos estándares, mejor podrán aquilatar las calidades de las personas aspirantes.
Por todo esto, la negativa de oír a la Defensoría es insólita. Si no sorprende, es porque, en el seno de la fracción oficialista, se está imponiendo un grupo que, a partir de consideraciones personales o dogmáticas, ve con malos ojos la importante labor que realiza la institución.
El diputado Antonio Barzuna, de Pueblo Soberano, justificó en estos términos su rechazo de la moción: “A mí, la Defensoría me ha quedado debiendo demasiado, y la verdad es que no tengo interés en que venga la Defensoría a esta comisión”. Es decir, una reacción totalmente subjetiva y casuística, como si el ejercicio de la función legislativa fuera una proyección de reclamos personales. Su compañera, Marta Esquivel, fue más sensata: “Yo también voy a votar en contra, lo que no significa que, una vez que tengamos la metodología, prácticamente en versión final, se les dé una audiencia a varias instituciones”.
Kattia Mora y Gonzalo Ramírez, diputados oficialistas vinculados a grupos evangélicos con etiqueta conservadora, la emprendieron en contra de la defensora, Angie Cruickshank, en otro contexto: la presentación de su informe anual ante el plenario, el 24 de junio. Le reclamaron que no se refiriera en él a violaciones (inexistentes) a la libertad religiosa en el país, a pesar de ser también evangélica. La funcionaria no solo rechazó los cargos, sino que también reafirmó un principio clave de su tarea: “Yo no soy la defensora de ningún grupo específico; soy la defensora de todos los grupos”.
Según su ley constitutiva, vigente desde el 10 de diciembre de 1992, la Defensoría es un órgano auxiliar, pero autónomo, de la Asamblea Legislativa. Comparte esta condición con la Contraloría General de la República. Su tarea esencial es, como se deduce fácilmente de su nombre, proteger, defender e impulsar los derechos de las personas que habitan en el país, al margen de su nacionalidad o condición, bajo el principio de que los derechos humanos tienen carácter universal.
Para cumplir con esta crucial tarea recibe quejas y tramita y gestiona soluciones; además, acude a los tribunales cuando los arreglos no pueden encontrarse por esa vía. De manera más preventiva, también vela por que las actividades del sector público se ajusten al ordenamiento jurídico y a normas de rectitud. Como parte de esta dimensión, aporta a los diputados insumos para que, a partir de ellos, mejoren en el ejercicio de sus labores.
Para algunos, la Defensoría es una institución incómoda. Cuando así ocurre, quiere decir que está cumpliendo adecuadamente con su labor. De lo contrario, negaría su razón de ser. Su apego al mandato legal que le dio vida es particularmente importante en la coyuntura actual, en la que, tal como advierte Cruickshank, se están produciendo regresiones en el ejercicio de los derechos humanos. Así lo expuso este 5 de julio en nuestra Revista Dominical. También destacó el serio riesgo que implican los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno.
Nos guste o no, lejos de debilitar o atacar a la Defensoría, lo que se impone es fortalecerla. Las decenas de miles de quejas que tramita cada año para proteger a quienes acuden a ella con el fin de reclamar derechos, son ejemplo de su función clave. Vulnerarla es, también, vulnerar a los habitantes.
