La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votó en contra de una moción en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que proponía convocar a la Defensoría de los Habitantes para que emitiera un criterio técnico sobre los estándares internacionales aplicables a la elección de magistrados.
La iniciativa fue impulsada por los diputados Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), y Janice Sandí, del Partido Liberación Nacional (PLN), como parte del proceso de audiencias que desarrollará la comisión para definir la metodología que guiará el nombramiento de la persona que sustituirá a la exmagistrada Sandra Zúñiga en la Sala de Casación Penal, tras su jubilación el pasado 1.° de junio.
No obstante, la propuesta fue rechazada por los cuatro diputados del partido de gobierno que integran la comisión: Marta Esquivel, Yara Jiménez, Antonio Barzuna y Gerald Bogantes. A favor se pronunciaron Trejos, Sandí y el también verdiblanco, Salvador Padilla.
“A mí la Defensoría me ha quedado debiendo demasiado, y la verdad es que no tengo interés en que venga la Defensoría a esta Comisión”, expresó el diputado Barzuna, al justificar su voto en contra.
Marta Esquivel también anunció su objeción a la propuesta de audiencia, aunque alegó que esto no significaba que la Defensoría no fuera consultada una vez que se tuviera una propuesta de metodología.
“Yo también voy a votar en contra, lo que no significa que una vez que tengamos la metodología, prácticamente en versión final, se le dé una audiencia a varias instituciones”, externó la legisladora, quien preside la Comisión de Nombramientos.
Postura de la Defensoría
Ante consulta de La Nación, la Defensoría indicó que mantiene una labor “permanente y constante” de asesoría técnica y jurídica con la Asamblea Legislativa, aportando criterios con enfoque de derechos humanos a distintas comisiones legislativas.
Señaló además que entre 2023 y 2025 se ha incrementado la cantidad de solicitudes de este tipo de insumos, pasando de 66 proyectos en 2022 a 184 criterios en 2025, lo que atribuye a una mayor demanda de colaboración legislativa. Agregó que en 2026 ya se registran más de 60 solicitudes.
La institución afirmó que esta labor requiere alta especialización técnica y que ha participado activamente en audiencias legislativas para sustentar sus criterios, además de impulsar proyectos de ley propios. Reiteró finalmente su disposición a continuar brindando asesoría cuando sea requerida por los diputados.
Diputado del PLN advierte sobre imposición oficialista
Ante el resultado de la votación, el diputado Padilla hizo un llamado al oficialismo a generar una metodología en conjunto con las dos bancadas de oposición representadas en el órgano legislativo, pese a que PPSO cuenta con una mayoría que le permitiría no tomar en cuenta el criterio de los legisladores del PLN y del FA.
“Aquí se va a hacer lo que ustedes digan, porque tienen la mayoría para imponerla, pero si de verdad quieren que construyamos una metodología conjunta, deberían tener la apertura de que mociones como esta sean aprobadas”, reclamó el verdiblanco.
La Comisión aprobó de forma unánime las mociones presentadas por Esquivel para convocar a las presidencias de las distintas salas del Poder Judicial, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre, para que brinden sus respectivas valoraciones.
No obstante, los diputados Sandí y Trejos votaron en contra de una propuesta para convocar a un experto designado por la Cancillería, porque la moción de Esquivel incluía que este se manifestara sobre un reclamo ciudadano que está actualmente bajo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata del caso P-1923-19, presentado en 2019 por Enrique Napoleón Ulate Chacón, al que posteriormente se sumaron otras personas, en el que se cuestiona el mecanismo utilizado por la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados del Poder Judicial. Los peticionarios participaron en procesos de nombramiento en los que no resultaron electos.
Esquivel indicó que las audiencias se efectuarían una vez que los diputados regresen de sus vacaciones de medio periodo, que correrán del lunes 6 al viernes 10 de julio.