Las empresas estatales no monopólicas deberían obtener utilidades similares a las de sus pares privados y distribuir dividendos a sus accionistas, los costarricenses.
El Estado costarricense tiene muchos pasivos, incluida una enorme deuda producto del ejercicio deficitario año tras año. También lo amenazan pasivos contingentes, como la obligación de brindar ayuda financiera al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, si mostrara debilidades; no obstante, cuenta con valiosos activos a los cuales debe dar un uso eficaz. Cuando menos, debería asegurarse de que producen réditos comparables con los de empresas similares en el mercado, y, si no lo logran, las autoridades están obligadas a abocarse a averiguar la razón de la baja rentabilidad y tomar acciones correctivas.
Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)
Empresas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los bancos comerciales del Estado deberían operar con utilidades similares a las de sus pares privados y distribuir dividendos anuales a sus accionistas, esto es, los costarricenses, representados por el gobierno. Los dividendos ayudan al Estado a atender el servicio de la deuda e, idealmente, contribuyen a no solicitar más créditos, principalmente si su destino es el financiamiento de gasto corriente o de consumo, como lo viene haciendo violando la carta magna y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Por eso, vemos con satisfacción la iniciativa de los gerentes de los bancos Nacional y de Costa Rica para eliminar una serie de cargas parafiscales existentes en ambas entidades y sustituirlas por el pago de dividendos a los accionistas. Las cargas tienen destinos específicos, por ejemplo, el 5 % de las utilidades aportadas por los bancos a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y otras finalidades, le resta flexibilidad y eficacia al presupuesto nacional, porque impide asignar el dinero público a las prioridades del momento.
Para efectos de asignación presupuestaria, el financiamiento del Conape, la CNE y el Infocoop debe competir con muchos otros propósitos de interés social y, en todo momento, los receptores deben demostrar el uso eficaz de los fondos públicos.
Por la misma razón, ninguna parte de las utilidades de los bancos debe ser asignada a satisfacer intereses de sus funcionarios, como ocurre con los fondos de pensiones paralelos, pues los empleados de la banca estatal constituyen un reducidísimo subconjunto de los accionistas y cobran por sus servicios una remuneración, que en ocasiones suele ser elevada en comparación con el resto del mercado. Debería estar de más decirlo, pero, en nuestro país, no pocas empresas e instituciones estatales sirven primero a su personal y después a la ciudadanía.
Foto Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)
Lo dicho vale para las empresas estatales en competencia, como los bancos, el INS y las telecomunicaciones del ICE, no para las que conservan monopolios, porque en este caso exigirles rentabilidad anual similar a la del mercado podría llevarlas a recargar las tarifas cobradas a los usuarios, aun cuando se constituya en un impuesto disfrazado.
La eficacia de empresas estatales monopólicas, como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), debe ser medida de otra manera, entre otras cosas, asegurando que los costos unitarios de producción se mantengan en números razonables y comparables con los de sus pares en el extranjero. La necesaria reforma del Estado debe tenerlo muy en cuenta, tanto como la posibilidad de vender activos, una medida ya planteada.
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