De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Gobierno Central de Costa Rica figura como el tercero más endeudado de América Latina. Como es de esperar, también está entre los más obligados a dedicar un alto porcentaje de sus ingresos al pago de intereses.
La pandemia de la covid-19 y las medidas sanitarias adoptadas para controlarla contribuyeron a una caída en la producción y en los ingresos fiscales. Esas circunstancias elevaron el déficit y el endeudamiento. Este año, el incremento de la deuda del Gobierno Central probablemente equivaldrá a un 10% del producto interno bruto (PIB). Es demasiado y el problema se acentuará mientras no se adopte un programa de ajuste eficaz, con el impacto cuantitativo esperado. Dada la magnitud del reto, no bastará reducir en 2,5 o 3 puntos porcentuales del PIB el déficit primario, pues otros factores contribuyen a atizar el endeudamiento.
La deuda no solo depende del tamaño del déficit primario como proporción del PIB, sino de la diferencia entre el costo real de la deuda (r) y el crecimiento real de la economía (g). El gran aumento del endeudamiento este año no obedece únicamente al déficit primario del gobierno, sino al aumento de la diferencia citada (r - g) por la caída de la producción.
Para el 2021 se espera una reactivación. La Cepal estima una tasa real de crecimiento de alrededor del 3%. Como el costo de la deuda es casi el doble, el ajuste necesario para estabilizar el endeudamiento (razón Deuda/PIB), obligaría al Gobierno a operar con un superávit primario superior al 2% del PIB a partir del año próximo. Nos lo acaba de recordar la calificadora de riesgo Fitch Ratings, cuyo cálculo es que para estabilizar la razón de endeudamiento se requiere de un superávit primario del 2,5% para el 2025. («Fitch: Nueva propuesta de Costa Rica al FMI podría resultar insuficiente para estabilizar las finanzas», La Nación, 15/12/2020).
LEA MÁS: Editorial: No debemos renunciar a obras estratégicas
Además, si la meta es bajar paulatinamente el endeudamiento hasta el 50% del PIB para finales del 2034, haría falta aumentar el superávit primario en otro 2%, para llevarlo a un 4% por año. Sería un enorme ajuste, centrado en control y racionalización del gasto público corriente más que en el aumento de la carga tributaria, porque esto último atentaría contra el crecimiento económico, que es la forma más eficaz de enfrentar el problema macroeconómico, reducir el desempleo y bajar la pobreza, ambos en niveles insostenibles.
El ministro de Hacienda espera tener pronto una propuesta de ajuste macroeconómico que sirva de base para un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones a una tasa concesional. Es muy importante lograrlo no solo por el costo, sino por el mensaje positivo a la comunidad financiera internacional. El voto de confianza del FMI contribuiría a mejorar las condiciones para los títulos de deuda que, en el futuro, el Gobierno necesite colocar.
Si el Gobierno consiguiera el acuerdo con la propuesta de ajuste fiscal anunciada en términos generales en días recientes, la tarea no estaría completa, porque el ajuste no alcanza para estabilizar —ni mucho menos bajar— el endeudamiento en el futuro cercano. Para lograr ese objetivo debería ser casi por el doble de lo anunciado. A esa conclusión lleva el estudio de la dinámica del endeudamiento público, que es el marco de análisis utilizado por las calificadoras internacionales de riesgo soberano y por las entidades multilaterales.
LEA MÁS: Editorial: Mayor impulso a la competencia
