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Según publicó La Nación esta semana, la deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) superó, con corte a junio de 2025, los 4,46 billones de colones, más del doble de lo registrado seis años atrás. De ese monto, solo el 0,02% cuenta con un acuerdo de pago vigente. El resto es, en la práctica, una obligación que el gobierno reconoce en oficios internos, pero que simplemente no paga, y según todo indicio disponible, no tiene intención ni capacidad de pagar en el corto plazo.
Distintas voces de alarma, incluidas en este mismo espacio durante demasiado tiempo ya, han venido insistiendo en que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) afronta un desafío estructural e ineludible, con una población que envejece más rápido de lo que el sistema fue diseñado para absorber y menos cotizantes activos sosteniendo a un número creciente de pensionados.
Ese proceso demográfico no se detiene ni se puede negociar; simplemente avanza año con año con una puntualidad que ningún decreto ejecutivo podrá ralentizar. El propio Estado, con su inacción, contribuye día a día a acortar el tiempo disponible para tomar medidas antes del colapso del régimen.
La combinación de factores resulta particularmente peligrosa porque no se trata de dos crisis paralelas que simplemente coinciden en el tiempo, sino de una sola dinámica que se retroalimenta.
La presión demográfica exige que la Caja cuente con la totalidad de sus recursos, con la mayor eficiencia posible en su gestión y con previsibilidad financiera para planificar con miras al futuro. Lo que nos ofrece, por el contrario, es un cambio de software caótico que deja a la institución sin estados financieros durante un año.
Por su parte, la morosidad estatal retira la liquidez en el momento menos oportuno, introduce incertidumbre en los cálculos actuariales y obliga a la institución a tomar decisiones de emergencia a las que nunca se debió haber llegado, como el tener que utilizar, a finales de 2025, ¢50.000 millones de su reserva del IVM –por primera vez en su historia– para cubrir el pago de pensiones y los intereses generados por la falta de pago del Gobierno.
No es una cifra menor ni un episodio aislado; es la primera grieta visible de un sistema que ha empezado a consumir su propio colchón de seguridad para tapar los huecos que deja, de manera sostenida, su principal deudor. Los cotizantes, como acto de fe y resignación, ven cada mes sus aportes ir a este fondo, con una duda creciente de si algún día llegarán a contar con una pensión.
Más grave que las cifras es el hecho de que el Estado costarricense, que diseñó el régimen de pensiones como garantía de última protección social para cientos de miles de trabajadores, se ha convertido en su moroso más persistente y de mayor cuantía. No es un deudor cualquiera, es el garante que incumple sistemáticamente su propia garantía.
Exigirle a la Caja disciplina actual, reformas estructurales o ajustes impopulares en las condiciones de jubilación, mientras el Ministerio de Hacienda simplemente deja acumular una deuda de esta magnitud sin un plan de pago conocido ni negociado, es una contradicción que termina erosionando la legitimación de cualquier discurso oficial sobre la sostenibilidad del sistema.
Y si la morosidad no es, por sí sola, motivo suficiente de alarma, el informe de auditoría interna de la Caja conocido en junio pasado añade un elemento todavía más inquietante, al establecer que, en marzo, el Gobierno Central habría amenazado con suspender el aporte estatal si la institución no remitía periódicamente información detallada sobre trabajadores y patronos activos, incluidos nombres y números de cédula.
Usar el pago de una obligación de rango constitucional como palanca de presión administrativa para lesionar la privacidad ciudadana es no solo la evidencia de una gestión financiera irresponsable, sino una práctica que roza la ilegalidad, y así lo advirtió la propia auditoría interna al calificarlo como una debilidad significativa en el resguardo de los cobros pendientes al Estado.
La sostenibilidad de las pensiones costarricenses no es un asunto solo de fórmulas actuariales y edad de retiro. Es un asunto que pasa, de forma decisiva, por que quien debe pagar efectivamente pague. El gobierno se ha convertido en el socio menos confiable de todo el sistema.
Si tenemos además una demografía en contra, esta deuda creciente, con tintes cada vez más cercanos a lo impagable y gestionada con una opacidad que alarma a los propios auditores internos, es el material inflamable que puede convertir una crisis anunciada y previsible en una emergencia que, cuando explote, nadie sabrá cómo apagar.
