La deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acumula años de crecimiento constante, pero prácticamente la totalidad del monto permanece sin negociar.
Los estados financieros de la institución, con corte a junio del 2025, muestran un saldo pendiente de pago de ¢4,46 billones, es decir más del doble respecto a seis años atrás, y el 99,98% de esa suma aún no tiene un acuerdo de cumplimiento por parte del Gobierno.
Así consta en los oficios GF-DFC-2109-2025 y DFC-ACF-1054-2025, enviados en un documento conjunto el 13 de agosto por la Gerencia Financiera y la Dirección Financiero Contable de la CCSS al director general de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, Errol Solís Mata.
En el informe, las instancias financieras de la institución autónoma señalan que los estados financieros correspondientes a junio del año pasado —aprobados por la Junta Directiva el 27 de agosto del 2026— registran una deuda estatal de ¢4.463.461 millones, equivalente a ¢4,46 billones.
De ese total, apenas ¢997 millones estaban negociados, lo que representa solo 0,02%.
“A la fecha de corte, los saldos pendientes de los Convenios de Pago suscritos entre nuestra Institución y el Ministerio de Hacienda, ascienden a ¢997.254.231,20 (...), correspondientes a convenios del Seguro de Salud", alerta el oficio.
La deuda histórica del Estado con la CCSS más que se duplicó en los últimos seis años, según datos de las instancias financieras de la institución y de la Contraloría General de la República (CGR). Con el corte a junio del 2025, el saldo reportado por la Caja equivale a 2,5 veces los ¢1,7 billones registrados en 2019.
La Nación consultó el 9 de setiembre a Hacienda sobre la falta de negociación de la deuda, los eventuales planes de pago y las acciones concretas que tomará la cartera para garantizar la cancelación de los montos correspondientes. Al cierre de edición, la consulta permanecía en trámite.
El informe de la Gerencia Financiera fue remitido a la cartera dos semanas antes de que el expresidente y actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmara, durante la presentación del Presupuesto Nacional 2027, que mientras no existiera una conciliación clara de la deuda con la CCSS, sería “absolutamente irresponsable y posiblemente ilegal” girar el dinero exigido.
Seguro de Salud concentra la mayor parte de la deuda estatal
De acuerdo con el oficio de la CCSS, el 82,73% de la deuda total, equivalente a ¢3,69 billones, corresponde al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Los restantes ¢770.827 millones (17,27%) al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esto cobra relevancia porque el SEM es el principal componente del sistema público de salud y financia la atención de trabajadores asalariados e independientes, pensionados, afiliados voluntarios y poblaciones vulnerables cubiertas por el Estado.
En enero del 2026, el Seguro de Salud registraba 2.036.169 trabajadores afiliados, 279.256 más que cinco años antes, además de atender a unos 570.000 jubilados y a los familiares de los cotizantes.
Dicho crecimiento de cobertura ocurre en medio de mayores presiones financieras para el régimen. Para este año, Hacienda asignó ¢503.292 millones al Seguro de Salud, pero la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial de la CCSS estiman que se requieren ¢1,47 billones para atender sus necesidades.
Incluso, ante la desaceleración de los ingresos frente a los gastos que comprometen el funcionamiento adecuado de los servicios, la CCSS aprobó en marzo una nueva política de sostenibilidad para el SEM, que contempla la diversificación de fuentes de financiamiento y alternativas como la “venta de ciertos servicios” o la aplicación de “impuestos específicos” para fortalecer su situación financiera.
Deuda por control de tabaco supera los ¢70.000 millones
Según el desglose de la Gerencia Financiera, la deuda del Estado por la transferencia establecida en la Ley General de Control de Tabaco ascendía a ¢70.668,7 millones al 30 de junio del 2025, incluidos los intereses acumulados. Se trata del rubro de mayor cuantía entre las obligaciones específicas detalladas por el documento.
A esta cuenta se suma la deuda por la transferencia establecida en la Ley de Control al Vapeo, que alcanzaba ¢1.483,4 millones a esa misma fecha. De ese monto, ¢1.453,5 millones correspondían al principal pendiente y ¢29,9 millones a intereses. También figuraban ¢21.950,5 millones relacionados con fertilización in vitro (FIV).
El informe registra, además, ¢33.262,3 millones por la cuota obrero-patronal pendiente asociada a la base mínima contributiva aplicada en 2020 y ¢68.351,5 millones por la cuota complementaria. En conjunto, ambos rubros superan los ¢101.600 millones.
También figura una cuenta por ¢1.224 millones por un pago a la Operadora de Pensiones Complementarias (OPS-CCSS), ¢407,1 millones por paternidad responsable y ¢102,3 millones por el subsidio estatal de las cuotas del IVM para patronos de servicio doméstico.
En contraste, la partida correspondiente a centros penales muestra un saldo favorable de ¢115,7 millones, por lo que reduce la deuda neta.
Presiones y desgaste financiero en la CCSS
Las cifras divulgadas por la Gerencia Financiera adquieren mayor relevancia al analizar el deterioro financiero que la CCSS ha reportado en los últimos años.
Por ejemplo, en relación con la deuda del Estado al IVM, a finales de 2025 la institución tuvo que utilizar ¢50.000 millones de su reserva, por primera vez en la historia, para pagar pensiones, luego de agotar los intereses generados por ese fondo ante la falta de recursos estatales.
A esto se suma que el informe de Auditoría Interna AS-AFINPE-0055-2026, del 8 de junio del 2026, señala que en marzo el Gobierno Central amenazó con suspender el aporte estatal al IVM hasta que la CCSS remitiera periódicamente información sobre trabajadores y patronos activos, incluidos nombres y números de cédula.
Según el Poder Ejecutivo, el requerimiento busca corregir una “debilidad significativa” en el respaldo de los cobros al Estado, pues la CCSS no remite las bases de datos de todos los cotizantes. Esto, según alegó, limita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para verificar la razonabilidad de las facturas.
La auditoría advirtió de que una eventual suspensión de los aportes estatales pondría en riesgo el pago de pensiones y la sostenibilidad del IVM, el cual depende en buena medida de esos recursos.